La vocal del Tribunal de Cuentas, Yanina Gribaudo, realizó una denuncia penal contra el Consejo Provincial de Educación por incumplimiento de deberes de funcionario público y por negarse a dar información sobre los contratos de mantenimiento y limpieza de escuelas de toda la provincia.
La denuncia fue presentada en el Juzgado Penal 3 de Río Gallegos a cargo de la jueza Dra. Rosana Andrea Suárez.
“Desde el Tribunal de Cuentas intimamos nueve veces, con tres multas que se aplicaron para que brinde información sobre los contratos de mantenimiento y limpieza a los establecimientos educativos de toda la provincia, todo esto sin tener respuestas por parte del Consejo en ningún momento”, contó Gribaudo.
“De todas las intimaciones, lo único que obtuvimos como respuesta fue una nota de una sola carilla que decía que era mucha la información que se estaba solicitando y se daba cuenta de las contrataciones, pero no daban ningún nombre de alguna empresa o corporativa”, agregó.
“Mi análisis tiene dos opciones; una, que no tienen la documentación, otra es que no quieren dar la información”, indicó y agregó que “cualquiera de las dos son gravísimas porque habla de la malísima administración de los recursos y que se creen dueños del estado”, afirmó.
La vocal del Tribunal de Cuentas, informó que la justicia en el 2018 intimó al Consejo Provincial de Educación a brindar información sin obtener respuesta a dicha solicitud.
“Podemos ver el estado edilicio de nuestros establecimientos desde afuera, es muy simple la información que se está pidiendo, es un Word o Excel con una lista de establecimientos, la empresa contratada y los costos que se están abonando. Es nula la claridad o la transparencia con que se está manejando”, afirmó.
“Esta denuncia la hice como vocal opositora, pero con el apoyo de todos los vocales del Tribunal de Cuentas por unanimidad. No han solicitado una prórroga para poder brindar la información por eso estamos hablando de una falta de respeto con el Tribunal de Cuentas y con la comunidad en general”, subrayó.
“La investigación está en manos de la Justicia; aunque no hemos tenido respuesta a las denuncias realizadas. No se ha investigado nada, damos cuenta que todos los organismos del estado están cuidando al funcionario, se manejan como dueño del estado”, insistió la vocal.
