El juzgado federal de Caleta Olivia, bajo la dirección de la jueza Marta Yañes, emitió una medida cautelar que frena el incremento de la tarifa de gas natural en determinadas áreas de Santa Cruz. Esta decisión, originada por un amparo presentado por la fiscalía de Estado, no es extensiva a toda la provincia ni incluye a los consumidores de GLP. La medida beneficia específicamente a los usuarios residenciales de gas natural en los departamentos Deseado, Lago Buenos Aires, Magallanes y Río Chico, donde el servicio es prestado por Camuzzi y Distrigas.
La semana pasada, el gobierno provincial anunció esta medida cautelar, que es similar a las presentaciones y fallos durante la gestión de Mauricio Macri. Sin embargo, es crucial destacar que la medida no resuelve la cuestión de fondo y su alcance geográfico está limitado debido a la competencia territorial de cada juzgado federal. Se espera una resolución similar del juzgado federal de Río Gallegos para extender los beneficios a otras áreas de la provincia.
La medida coloca un tope del 300% en la facturación del gas natural. Si los usuarios ya recibieron facturas con el aumento, deben esperar a que la diferencia se refleje y devuelva en la factura del mes siguiente, ya que la medida es retroactiva al 1 de abril. El Fiscal de Estado, Juan Lucio De La Vega, explicó que los usuarios deben revisar sus facturas, ya que la medición se realiza cada dos meses y se prorratea.
En cuanto a pagar o no pagar las facturas, el Fiscal aclaró que no puede dar una recomendación definitiva. Sin embargo, destacó que las distribuidoras deben ajustar las facturas al tope del 300% y compensar cualquier exceso en la facturación mensual siguiente.
