Los controles se realizarán de forma aleatoria desde febrero o marzo y buscarán detectar sustancias como cocaína, alcohol y marihuana. Contemplan tratamientos para quienes den positivo.
La provincia de Santa Cruz, bajo una resolución del Ministerio de Salud, iniciará la implementación de exámenes toxicológicos a los trabajadores del sistema de salud a partir de febrero o marzo. Así lo confirmó la ministra de Salud, Dra. Analía Costantini, quien señaló que la medida tiene como objetivo principal “cuidar la salud de los trabajadores y garantizar la seguridad y calidad de la atención a los pacientes”.
La medida, anunciada previamente por el gobernador Claudio Vidal, ha generado controversia, con fuertes críticas desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Santa Cruz. Su secretario general, Carlos Garzón, calificó la resolución como “estigmatizante” y contraria al convenio colectivo de trabajo, instando a los empleados a no someterse a las pruebas.
Los controles, que estarán limitados a los empleados del sistema de salud, se realizarán mediante pruebas de saliva utilizando narcotest, capaces de detectar sustancias como cocaína, marihuana, alcohol, benzodiacepinas y metanfetaminas. Los exámenes serán aleatorios, alcanzando entre cinco y diez agentes por mes, desde personal de tareas generales hasta directores de nosocomios.
En caso de resultados positivos, el protocolo establece que el trabajador será separado temporalmente de su puesto, aunque continuará percibiendo su salario. Además, se implementará un plan de contingencia diseñado junto a la Subsecretaría de Salud Mental, que incluye tratamiento con el Servicio de Tratamiento Integral para Patologías de Consumo (SETRIPCO) y supervisión por parte del médico laboral. El regreso al puesto estará condicionado a la aprobación de los profesionales responsables del tratamiento.
Desde el Ministerio de Salud, Costantini defendió la medida argumentando que este tipo de controles “se realiza en muchas partes del mundo y no es algo fuera de la norma”. Además, mencionó antecedentes similares en Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), donde se aplicaron controles con resultados significativos.
Por su parte, ATE Santa Cruz mantiene su postura en contra, cuestionando la legalidad de la resolución y advirtiendo sobre posibles conflictos laborales.
Esta iniciativa, aunque polémica, se presenta como un esfuerzo por garantizar un entorno laboral seguro y servicios de calidad en el sector de la salud pública de Santa Cruz.
