Félix Altuna, secretario de Ambiente, Producción y Comunidad, explicó los antecedentes, objetivos y regulaciones del proyecto, que busca aprovechar los recursos forestales de manera sustentable y con fuerte arraigo técnico y comunitario.
El debate en torno al posible uso de un aserradero móvil en la Cuenca Carbonífera motivó declaraciones públicas del secretario de Ambiente, Producción y Comunidad de la Municipalidad de Río Turbio, Félix Altuna, con el fin de llevar claridad y responder a las preocupaciones surgidas en la comunidad por la falta de información oficial.
Altuna detalló que el proyecto no es nuevo ni improvisado, sino que tiene un sustento legal y técnico que se remonta a más de 20 años. En ese sentido, recordó que en 2002, mediante la Ley Nacional 25.714, se entregaron al ejido municipal tierras en la zona de Mazaruca, anteriormente pertenecientes a YCF. Luego, en 2007, la ordenanza 2051 declaró esa área como zona de protección ecológica y estableció un plan de manejo de bosques, elaborado con el acompañamiento del reconocido ingeniero forestal Pablo Peri, a quien calificó como “una eminencia en la materia”.
El profesional desarrolló tres estudios fundamentales: un inventario forestal, un proyecto de restauración de áreas degradadas y una propuesta sobre el aprovechamiento industrial responsable de la madera. Estos informes se encuentran disponibles y son la base técnica sobre la cual se evalúa la instalación del aserradero móvil.
Sobre el funcionamiento de este dispositivo, Altuna desmintió cualquier idea de desmontes indiscriminados o daño ambiental. “No se trata de construir un aserradero permanente en el bosque, sino de utilizar una máquina liviana, portátil y de uso momentáneo, que puede ser trasladada en camioneta o tractor. Su función es cortar madera en el lugar de forma controlada y bajo estrictas normas ambientales”, explicó.
Además, hizo referencia a un episodio clave que encendió la polémica: la difusión de la resolución 140 del Consejo Agrario Provincial, que fue conocida por los medios antes que por el propio municipio. “El intendente Darío Menna y yo accedimos oficialmente a esa información en un encuentro con autoridades del Consejo y el ingeniero Peri. Ahí quedó claro que el contenido de la resolución no coincidía con lo que esperábamos en Río Turbio. Por eso decidimos no avanzar hasta tener un contacto directo con la empresa interesada”, aclaró.
Altuna reconoció que la falta de diálogo previo con el municipio generó incertidumbre y versiones erróneas entre los vecinos. “Todos nos enteramos por los diarios, antes de que hubiera siquiera una conversación con el Ejecutivo local. Eso generó una ola de comentarios sin base técnica, lo que preocupó innecesariamente a la comunidad”, sostuvo.
Finalmente, el funcionario reafirmó el compromiso de la Municipalidad con una gestión ambiental responsable, planificada y transparente. “Estamos a favor de proyectos que promuevan empleo y desarrollo, pero siempre bajo normas claras, con asesoramiento profesional y con la comunidad informada. Nuestro compromiso es con el ambiente y con nuestra gente”, concluyó.
