El diputado Carloncho Godoy manifestó su preocupación por la falta de controles, el uso de recursos públicos y la ausencia de estudios de impacto ambiental en el plan para instalar un aserradero móvil en la zona de Mazaruca.
En el marco de la reciente reunión de la Comisión de Recursos Naturales de la Legislatura de Santa Cruz, el diputado Carlos «Carloncho» Godoy expresó fuertes críticas hacia el proyecto del aserradero móvil en Río Turbio, impulsado a través de la sociedad anónima unipersonal “Santa Cruz Puede”, y exigió información clara, control ambiental y participación de la comunidad antes de cualquier avance.
Godoy reveló que fue a partir de noticias en medios provinciales que conoció que el proyecto estaría próximo a comenzar en agosto, sin que existiera información oficial clara ni consulta a los intendentes de Río Turbio ni 28 de Noviembre. A raíz de ello, inició pedidos de informe tanto al Consejo Agrario Provincial como a la Secretaría de Medio Ambiente y la empresa Santa Cruz Puede, señalando que aún no ha recibido respuestas satisfactorias.
El legislador recalcó que no se puede avanzar sin un estudio de impacto ambiental, algo que desde el Consejo Agrario se relativizó, aunque Godoy insistió en su necesidad. “Estamos hablando de un área con valor ambiental estratégico, donde se pretende introducir maquinaria y personal para cortar árboles sin control efectivo”, advirtió.
En la comisión también se reveló que durante el primer semestre se facturaron $3.600.000 por entrega de guías de tala, y que habría camiones repletos de leña circulando sin claridad sobre el origen legal ni el destino de los fondos. Godoy cuestionó si este dinero es coparticipable para los municipios, algo que no fue respondido en la reunión.
Además, el diputado denunció que la empresa privada que estaría interesada en operar el aserradero móvil, Aldo Arteaga, no tiene antecedentes en manejo forestal y que el rol de Santa Cruz Puede resulta opaco: “Ya facturaron $15 millones en asesoramiento y ahora buscan exenciones impositivas, mientras dicen ser privados pero operan con recursos del Estado”.
Godoy también criticó el cambio de categoría de la zona de Mazaruca de ‘roja’ a ‘naranja’, lo cual habilitaría la tala comercial: “Queremos saber por qué se modificó la calificación y qué estudios lo justifican”, exigió. A su vez, recordó que las tierras son de dominio municipal y que debajo de ellas está la mina de carbón, lo que requiere una visión ambiental integral.
En paralelo, reclamó mayor inclusión del municipio, concejales y vecinos en la toma de decisiones, y no descartó acciones judiciales, como un recurso de amparo, si no se garantiza la transparencia y participación comunitaria.
Finalmente, y de cara al receso legislativo de julio, Godoy informó que el viernes habrá una sesión extraordinaria con la presencia del jefe de Gabinete, quien deberá dar un balance de gestión. Adelantó también que prepara proyectos para el segundo semestre, muchos vinculados a salud y educación.
“No se puede permitir que un proyecto de negocio privado, disfrazado de interés público, avance sin controles, sin consulta, y sin cuidado del ambiente ni respeto a las comunidades locales”, concluyó Godoy.
