El Gobierno expuso un escenario fiscal crítico para el próximo año, con gastos que superan ampliamente los recursos y fuertes presiones derivadas del incumplimiento municipal en aportes obligatorios.
La administración provincial ingresó a la Legislatura el proyecto de Presupuesto 2026, que prevé un gasto total de $3,24 billones frente a recursos estimados por $2,90 billones. La diferencia proyectada configura un déficit financiero del 11,7 %, lo que según el Ejecutivo describe un marco fiscal de alta complejidad para el próximo ejercicio. El Gobierno advirtió que la situación se ve agravada por la falta de aportes de distintos municipios hacia la Caja de Previsión Social (CPS) y la Caja de Servicios Sociales (CSS), lo que obligó al Estado provincial a cubrir prestaciones esenciales con fondos propios.
Según el proyecto enviado, los servicios sociales continúan siendo la partida más elevada del gasto, con $2,16 billones, seguida por administración gubernamental, seguridad, servicios económicos y deuda pública. En total, el gasto corriente asciende a $3,18 billones, mientras que las erogaciones de capital representan $60.244 millones.
El financiamiento del presupuesto se sustenta en recursos corrientes proyectados por $2,89 billones y recursos de capital estimados en $11.751 millones. No obstante, el mensaje remitido junto al proyecto advierte que el contexto nacional de restricciones fiscales y la caída de ingresos para las provincias imponen límites estrictos a la expansión del gasto.
El Ejecutivo provincial subrayó que la combinación de menor disponibilidad de recursos, aumento de obligaciones y la necesidad de cubrir los aportes impagos de los municipios obliga a una administración “austera, prudente y orientada a la preservación de los servicios esenciales”. En ese sentido, el Presupuesto 2026 prioriza áreas como salud, educación, seguridad y energía, mientras anticipa medidas de ajuste y revisión interna: control de designaciones, renegociación de compromisos y contención de gastos no esenciales.
El Gobierno sostuvo que el ordenamiento financiero será clave para evitar un deterioro mayor de las cuentas públicas. El déficit proyectado y la presión estructural sobre los organismos previsionales y de salud condicionan la planificación del próximo año y anticipan la necesidad de medidas extraordinarias para garantizar la sostenibilidad del sistema y la continuidad de los servicios en toda la provincia.
