El Decreto N° 1129, firmado el 10 de diciembre de 2025, establece el receso de enero y febrero de 2026 e instruye a todas las áreas del Estado a regularizar licencias acumuladas, garantizando al mismo tiempo el sostenimiento de los servicios críticos.
El Poder Ejecutivo de Santa Cruz emitió el Decreto N° 1129, con fecha 10 de diciembre de 2025, mediante el cual se dispone el Receso Anual Administrativo para la Administración Pública Provincial —tanto Centralizada como Descentralizada—, además de Empresas y Sociedades del Estado. La medida abarca desde el día de su publicación y se extenderá durante los meses de enero y febrero de 2026.
La normativa establece que, durante este período, se deberán priorizar las licencias anuales ordinarias correspondientes al año 2025, con el objetivo de evitar acumulaciones que perjudiquen el funcionamiento interno de las dependencias. Asimismo, se ordena otorgar en primer término las licencias pendientes de ciclos anteriores, permitiendo excepciones únicamente por estricta “necesidad de servicio”, debidamente fundada por cada organismo.
En paralelo, el decreto determina que los plazos procesales administrativos quedarán suspendidos durante el mes de enero de 2026, mientras que el funcionamiento de los organismos públicos se ajustará a una franja horaria especial, comprendida entre las 10:00 y las 16:00 horas. Esta disposición excluye a aquellas áreas que, por la naturaleza de sus tareas, deban implementar un esquema distinto.
Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que la continuidad operativa de los servicios esenciales está garantizada. Por este motivo, las dependencias deberán mantener una dotación mínima de personal, con especial atención en sectores sensibles como el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración; el Ministerio de Salud y Ambiente —particularmente en sus áreas críticas—; y el Ministerio de Seguridad, mediante la Policía de la Provincia.
El Gobierno señaló que estas medidas buscan ordenar la gestión interna, evitar nuevas acumulaciones de licencias e impulsar un funcionamiento más eficiente de la administración pública durante el período estival.
