El Gobierno nacional oficializó la asistencia mediante el Decreto 161/2026, en concepto de adelanto de coparticipación que deberá ser reintegrado dentro del mismo ejercicio fiscal.
El Gobierno nacional oficializó este 19 de marzo el otorgamiento de un anticipo financiero de hasta $100.000 millones a la provincia de Santa Cruz, con el objetivo de atender compromisos urgentes derivados de una situación económica transitoria que afecta las finanzas provinciales.
La medida fue establecida a través del Decreto 161/2026, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo.
Según establece el texto oficial, la provincia enfrenta dificultades financieras transitorias que le impiden atender compromisos prioritarios vinculados a la ejecución de su presupuesto de gastos y a la amortización de deudas, razón por la cual se habilitó esta asistencia extraordinaria por parte del Tesoro nacional.
El mecanismo adoptado no constituye un subsidio ni una transferencia definitiva de recursos, sino un adelanto de coparticipación federal enmarcado en la Ley 11.672. Esto significa que el dinero deberá ser reintegrado por la provincia dentro del mismo ejercicio fiscal mediante retenciones automáticas sobre los fondos coparticipables que reciba en el futuro.
Además, el decreto establece que el anticipo devengará intereses calculados a una tasa fija nominal anual del 15%, aplicada desde el momento en que se efectúe el desembolso hasta su devolución total. Para ello, la administración provincial deberá autorizar formalmente a la Secretaría de Hacienda nacional a descontar automáticamente los montos correspondientes de la coparticipación federal u otros recursos sin asignación específica.
El desembolso está previsto para concretarse durante marzo de 2026 y se presenta como una herramienta de financiamiento de corto plazo para sostener obligaciones inmediatas del funcionamiento provincial.
La decisión nacional vuelve a poner en evidencia el complejo escenario económico que atraviesa Santa Cruz, donde la caída de ingresos y el peso de compromisos financieros obligan a recurrir a mecanismos extraordinarios para garantizar la continuidad administrativa y el cumplimiento de obligaciones presupuestarias.
En términos prácticos, el Tesoro nacional actuará como financista temporal de la provincia, aunque con el costo de comprometer parte de los ingresos futuros que Santa Cruz percibirá por coparticipación.
