El diputado por pueblo de Río Turbio presentó una iniciativa que propone reducir un 30% los haberes de funcionarios provinciales, limitar gastos en publicidad oficial y redireccionar recursos hacia los salarios de trabajadores de la administración pública.
En diálogo con FM La Voz de la Cuenca, el diputado por pueblo de Río Turbio, Carlos “Carloncho” Godoy, brindó detalles del proyecto de ley que será tratado este jueves en la Legislatura de Santa Cruz y que propone una reducción del 30% en los salarios de funcionarios políticos provinciales, con el objetivo de destinar esos recursos a la recomposición salarial de trabajadores estatales.
La iniciativa, registrada como proyecto de ley N.º 084, fue presentada como una señal de austeridad política en un contexto marcado por el debate sobre la emergencia económica impulsada por el Ejecutivo provincial y la creciente demanda de apertura de paritarias salariales por parte de distintos sectores de la administración pública.
Durante la entrevista, Godoy sostuvo que el proyecto busca que la dirigencia política “dé el ejemplo” en un momento donde miles de trabajadores santacruceños enfrentan dificultades económicas severas y no logran cubrir necesidades básicas durante el mes.
El legislador explicó que la propuesta alcanza a funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo, entes descentralizados y empresas con participación estatal, contemplando una reducción del 30% sobre la totalidad de las remuneraciones, incluyendo adicionales, bonificaciones y compensaciones.
Según remarcó, el recorte no afectará a empleados estatales ni podrá utilizarse como parámetro para modificar otros salarios dentro de la administración pública.
Godoy también cuestionó los gastos considerados superfluos dentro del Estado, especialmente en materia de prensa, propaganda y publicidad oficial, señalando que actualmente el Gobierno provincial dispone de medios públicos como Canal 9 y radios provinciales que permiten garantizar la difusión institucional sin necesidad de destinar grandes partidas presupuestarias a pauta en medios privados.
En ese marco, el proyecto establece la suspensión de gastos en publicidad oficial, contratación de servicios de comunicación y financiamiento de redes sociales institucionales o políticas, salvo campañas vinculadas a salud, educación, seguridad y emergencias.
Otro de los puntos centrales de la iniciativa es la prohibición de generar mecanismos compensatorios que neutralicen el recorte salarial, con el fin de garantizar que la reducción tenga un impacto real en el ahorro del gasto político.
Además, se limita el uso de vehículos oficiales, se suspenden viáticos y gastos de representación, exceptuando áreas esenciales como salud, seguridad, Vialidad Provincial y operativos invernales.
En la entrevista, el diputado indicó que solamente dentro de la Cámara de Diputados el ahorro podría rondar los 100 millones de pesos, cifra que, sumada al recorte en el Ejecutivo provincial, permitiría reunir recursos importantes aunque insuficientes para resolver integralmente la situación salarial de casi 50 mil trabajadores públicos.
En ese sentido, advirtió que el reciente anuncio del Gobierno provincial sobre refinanciación de deudas de más de 5 mil empleados estatales no resulta suficiente si no se acompaña con aumentos salariales concretos.
Godoy insistió en que el ahorro generado debe destinarse exclusivamente a un fondo de redistribución social orientado a paritarias centrales, estableciendo un vínculo directo entre el ajuste político y la mejora de ingresos para trabajadores estatales.
El proyecto también incorpora un artículo que propone derogar normativas vinculadas a sociedades anónimas unipersonales con participación estatal, al considerar que allí existen gastos que requieren mayor control y transparencia.
En ese marco, mencionó que continuará insistiendo con la revisión de estos esquemas administrativos y reclamó explicaciones sobre partidas que, según indicó, podrían ser reorientadas hacia políticas salariales.
Como parte de los mecanismos de control, la iniciativa designa al Ministerio de Economía como autoridad de aplicación y obliga a remitir informes trimestrales al Poder Legislativo sobre el cumplimiento de la ley.
Finalmente, invita a municipios y comisiones de fomento a adherir a medidas similares, ampliando el alcance de la política de austeridad a nivel local.
El proyecto ingresará formalmente al tratamiento legislativo de este jueves y, según trascendió, uno de los principales interrogantes será conocer el nivel de consenso político que logre reunir dentro de la Cámara de Diputados para avanzar en comisión o ser debatido en el recinto.
