El Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Santa Cruz cuestiona una licitación de telemedicina y pide anular el proceso

La presidenta de la entidad profesional advirtió que el pliego no garantiza matriculación, control profesional ni confidencialidad en la atención psicológica dentro del sistema propuesto por el Ministerio de Salud provincial.

El Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Santa Cruz presentó una impugnación formal contra el proceso de licitación impulsado por el sistema de salud provincial para incorporar servicios de telemedicina, al considerar que el esquema propuesto no ofrece garantías suficientes respecto del ejercicio profesional, el control de matrícula ni la confidencialidad en la atención psicológica.

La presidenta de la institución, María Vacirca, explicó que el reclamo surgió luego de conocerse públicamente parte del contenido del pliego licitatorio, donde se prevé la contratación de cien médicos y treinta psicólogos para un sistema de atención remota mediante tótems tecnológicos distribuidos en distintos puntos de la provincia.

Según indicó, desde el colegio profesional nunca fueron consultados previamente sobre la implementación del sistema ni convocados a participar en la elaboración de criterios técnicos vinculados al ejercicio de la psicología dentro de esta modalidad.

Vacirca señaló que una de las principales preocupaciones radica en que el pliego no especifica con claridad el origen de los profesionales que prestarían servicio, ni establece de manera expresa cómo se verificará su matriculación en Santa Cruz.

En ese sentido, recordó que actualmente el colegio provincial administra y controla la matrícula profesional, requisito indispensable para ejercer legalmente en el territorio santacruceño.

“Nosotros exigimos que cualquier profesional que trabaje en la provincia esté matriculado, porque es el colegio quien tiene el control legal de la profesión”, remarcó.

Otro de los puntos observados por la entidad tiene que ver con la confidencialidad de la práctica psicológica.

La presidenta advirtió que el sistema de tótems previsto no garantiza adecuadamente la privacidad de las consultas ni el resguardo de la información sensible que forma parte de toda atención en salud mental.

Aclaró además que el ejercicio de la psicología requiere condiciones particulares que no aparecen claramente contempladas en la documentación conocida hasta el momento.

Desde el colegio sostienen que el pliego tampoco detalla cómo se realizarán derivaciones especializadas ni de qué manera se articulará la atención con profesionales que actualmente ya prestan servicios en hospitales, centros de salud y dispositivos públicos de la provincia.

Actualmente, según informó Vacirca, en Santa Cruz hay 585 profesionales matriculados, número que demuestra —según la entidad— que existe disponibilidad de recurso humano local que podría ser incorporado si realmente se busca fortalecer la atención en salud mental.

La dirigente también cuestionó que el proyecto haya avanzado sin diálogo institucional previo con el sector profesional.

“No fuimos consultados por el Ministerio de Salud ni convocados a discutir cómo se implementaría una herramienta de este tipo”, afirmó.

La presentación legal elaborada por el colegio consta de 45 páginas y fue ingresada formalmente por mesa de entrada con asesoramiento jurídico.

Ahora deberá seguir su recorrido administrativo en áreas legales y técnicas del gobierno provincial, desde donde esperan una respuesta oficial antes de la apertura de sobres prevista para los próximos días.

Vacirca remarcó que el recurso está sustentado en la legislación que regula el funcionamiento del colegio profesional y defendió la intervención institucional como una obligación legal frente a situaciones que puedan afectar el ejercicio de la profesión.

Además, advirtió que el debate excede la cuestión administrativa y se vincula directamente con el presente de la salud mental en la provincia.

Desde el colegio sostienen que cualquier modernización del sistema sanitario debe construirse con participación profesional y reglas claras que protejan derechos tanto de pacientes como de trabajadores del sector.

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