La iniciativa del bloque oficialista busca incentivar la asistencia y el compromiso de los docentes, pero genera rechazo en gremios y legisladores opositores.
El proyecto de ley presentado por diputados del bloque oficialista en Santa Cruz propone la creación de un incentivo económico del 30% para los docentes que cumplan con una asistencia mínima del 95% en el ciclo lectivo. Denominado “Ley de Promoción Educativa”, el proyecto busca reducir el ausentismo y fortalecer la continuidad pedagógica en los establecimientos educativos de la provincia.
El adicional, que se calcularía sobre el salario básico y la antigüedad docente, será remunerativo y se mantendría en casos de licencia por maternidad o enfermedades graves. Sin embargo, quedarán excluidos aquellos docentes que registren sanciones disciplinarias o no se desempeñen dentro del sistema educativo provincial.
La propuesta generó un inmediato rechazo por parte de gremios y sectores de la oposición. La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) expresó su disconformidad con carteles de “No al presentismo”, mientras que la diputada Lorena Ponce, docente de Educación Física, cuestionó la iniciativa en redes sociales, señalando que “es un mecanismo de disciplinamiento y precarización encubierta”.
Ponce recordó que en 2007, tras semanas de lucha sindical, se logró derogar el presentismo y establecer la Ley Provincial de Convenios Colectivos de Trabajo para garantizar estabilidad laboral. En la misma línea, el diputado Pedro Muñoz calificó el proyecto como “un retroceso” y adelantó su rechazo a la iniciativa, que será debatida en la sesión legislativa del jueves 13 de marzo.
Desde el oficialismo, los legisladores que impulsan la propuesta, entre ellos Santiago Aberastain, Claudia Barrientos y José Luis Quiroga, defienden la medida como un incentivo que premia la profesionalidad y el compromiso docente. No obstante, el debate promete ser intenso, con posturas enfrentadas entre quienes ven en el proyecto una herramienta para mejorar la educación y quienes lo consideran una medida punitiva encubierta.
