Pablo Gordillo Arriagada detalló el proceso de transformación que atraviesa Yacimientos Carboníferos Río Turbio, en el marco del decreto 115 que permite modificar su figura jurídica. Evaluación patrimonial, inclusión de trabajadores en el paquete accionario, capitalización de la empresa, lucha contra el déficit y control de los recursos fueron algunos de los puntos clave abordados.
El interventor de YCRT, Pablo Gordillo Arriagada, brindó un panorama completo del proceso de reestructuración que atraviesa la empresa estatal de la Cuenca Carbonífera. En línea con el decreto 115, que establece el cambio de figura jurídica de YCRT hacia una sociedad anónima con mayoría estatal, se definió que el 51% de las acciones quedará en manos del Estado nacional —a través de las Secretarías de Energía y Minería—, mientras que un 10% será destinado a trabajadores mediante un régimen de Propiedad Participada (PPP). El 39% restante quedaría habilitado para capital privado, lo que sigue en debate.
“Ya estamos trabajando con mandato de los accionistas públicos. Lo importante es que por primera vez se realizó una valuación completa de los bienes de la empresa, algo que nunca se había hecho. Identificamos unos 30.000 bienes muebles y 45 inmuebles”, explicó Gordillo. También señaló que el proceso para sanear el déficit —actualmente de más de 6.000 millones de pesos mensuales, sólo en salarios— se basa en un plan de exportación de 30.000 toneladas de carbón cada 60 días y la generación de 100 megavatios desde uno de los módulos de la usina.
Gordillo confirmó que se avanza con el compromiso asumido por el Gobierno Nacional para garantizar el complemento jubilatorio del 82% para los trabajadores retirados, en coordinación con ANSES o áreas del Ministerio de Economía.
Consultado sobre los recursos disponibles, habló de la chatarra como herramienta paliativa a corto plazo. “Actualmente estamos saldando una deuda por un contrato incumplido entre 2017 y 2018. Una vez que entreguemos las 3.600 toneladas faltantes, podremos comenzar a procesar bajas y subastas de otros materiales no utilizados”, indicó. Aclaró que todo el procedimiento se hace en forma documentada y controlada.
Respecto a los episodios de robo dentro del yacimiento, reconoció que es una situación crítica. “No contamos con fondos para contratar seguridad externa, pero sí hemos reforzado cámaras y presentamos denuncias. Detectamos que los robos provienen de personas que conocen la mina. Hay alertas presentadas ante el Ministerio de Seguridad y la Justicia”, precisó.
Sobre contratos incumplidos, el interventor aseguró que se heredaron deudas importantes con contratistas y proveedores, muchas de ellas judicializadas. También reveló que, al asumir, hubo un hackeo que encriptó documentos administrativos: “Logramos recuperar casi toda la información, hicimos backups y reemplazamos servidores, pero aún sufrimos ataques que comprometen nuestro sistema”.
En cuanto a la reestructuración laboral, desmintió rumores de despidos o recortes: “Lo único que hicimos fue ajustar el horario del personal administrativo de Río Turbio al mismo que rige en Río Gallegos, Loyola y Buenos Aires, de 8 a 16, por razones climáticas. En minería, lo que buscamos es ordenar la producción para que sea previsible y compatible con contratos a largo plazo”.
Finalmente, Gordillo remarcó que todo este trabajo tiene un objetivo central: “Lograr que YCRT sea sustentable, que cubra sus propios gastos y que los trabajadores sean parte del futuro. No queremos una empresa estancada, sino una herramienta de desarrollo para toda la Cuenca”.
