La Secretaría de Legal y Técnica presentó un pedido formal de acceso a la información pública para esclarecer el presunto robo de computadoras en el organismo de control, hecho que genera cuestionamientos sobre su veracidad y posibles motivaciones políticas.
La Municipalidad de Río Gallegos, a través de su Secretaría de Legal y Técnica, presentó un pedido formal de acceso a la información pública ante el Tribunal de Cuentas de Santa Cruz, solicitando precisiones sobre el presunto robo de computadoras ocurrido en la madrugada de este jueves en el edificio del organismo.
La presentación, encabezada por los abogados Gonzalo Chute y Juan Miguel Litvachkes, requiere a la presidenta del Tribunal, Gabriela Castro, un informe detallado sobre puntos clave: si efectivamente se produjo la sustracción de equipos informáticos, si éstos fueron recuperados, qué municipios estaban vinculados a la información contenida en los CPU supuestamente robados, y si se ha perdido documentación relativa a auditorías o rendiciones de cuentas, particularmente de Río Gallegos y Río Turbio. También se solicita conocer si el organismo cuenta con sistemas de backup y resguardo digital de la información.
El secretario de Legal y Técnica, Gonzalo Chute, explicó que, según lo informado desde el propio Tribunal, “no falta ningún CPU vinculado a Río Gallegos y Río Turbio y la información física tampoco falta”. Además, remarcó que toda la documentación de los municipios “se encuentra respaldada en servidores, lo que garantiza que la información esté resguardada incluso si hubiese ocurrido un robo”.
Chute también expresó dudas sobre las declaraciones del vicegobernador Fabián Leguizamón, quien habría conocido detalles de lo robado antes de que concluyan las pericias policiales: “Lo que está en análisis en el Tribunal de Cuentas es justamente la gestión de Roberto Giubetich y Fabián Leguizamón (2015-2019), y por eso llama la atención cómo supo de inmediato lo que supuestamente había sido sustraído”.
Con esta acción, la Municipalidad de Río Gallegos busca transparencia, seguridad y celeridad en la respuesta del organismo provincial, reafirmando su compromiso con la defensa de la institucionalidad y el resguardo de los derechos de los vecinos.
