La jueza Marcela Quintana notificó a la Cámara de Diputados que no puede tratar las ternas enviadas por el Poder Ejecutivo por un plazo de diez días. La medida cautelar responde a una presentación del gremio judicial que cuestiona la ampliación del máximo tribunal.
La Cámara de Diputados de Santa Cruz había sido convocada a una sesión secreta este jueves 25 de septiembre a las 9:00 en Río Gallegos, con un único punto en agenda: la designación de los nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Sin embargo, el debate no pudo concretarse debido a una notificación judicial firmada por la jueza Marcela Quintana, quien dispuso la suspensión del tratamiento legislativo.
La magistrada, a cargo del Juzgado de Instrucción N°1, remitió un oficio en el que informó que se encuentra vigente una medida cautelar presentada por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales, entidad que cuestiona la ampliación del máximo tribunal. El escrito ordena que “la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia se abstenga de dar tratamiento a las ternas elevadas por el Poder Ejecutivo para designar a los nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia, por el término de diez (10) días o hasta el dictado de una resolución respecto de la medida cautelar peticionada, lo que ocurra primero”.
De este modo, el Poder Legislativo fue advertido de que no puede avanzar sin incumplir la manda judicial, lo que generó una fuerte tensión institucional.
El proyecto del Ejecutivo que busca ampliar la composición del TSJ ya había desatado críticas de la oposición y del gremio judicial. Para estos sectores, la iniciativa responde a intereses coyunturales y constituye un intento de garantizar mayor control político sobre la Justicia.
Desde la vereda opuesta, referentes políticos oficialistas y algunos juristas señalaron que la Constitución provincial habilita al Ejecutivo a enviar ternas y a la Legislatura a definir designaciones, por lo que la ampliación no sería ilegal. Sin embargo, admiten que la convocatoria en carácter secreto y con celeridad inusual despertó desconfianza en la ciudadanía.
La decisión de la jueza Quintana suma un nuevo capítulo a la disputa entre poderes en Santa Cruz, donde la definición sobre el Tribunal Superior de Justicia se convirtió en un punto neurálgico del debate institucional.
