En diálogo con fm la voz de la cuenca, el legislador santacruceño explicó el escenario legislativo que rodea el tratamiento de la modificación de la Ley de Glaciares, defendió el traspaso de facultades hacia las provincias y aseguró que Santa Cruz está en condiciones de ejercer un control responsable sobre sus recursos naturales. También remarcó que los estudios de impacto ambiental seguirán siendo obligatorios.
El diputado nacional José Luis Garrido confirmó que el próximo miércoles se realizará una sesión especial en la Cámara de Diputados para avanzar en el tratamiento de la modificación de la Ley de Glaciares, una discusión que en las últimas horas volvió a instalarse con fuerza en la agenda política y ambiental del país.
Durante una entrevista concedida al programa radial Voces Andariegas, el legislador santacruceño explicó que el proyecto ya cuenta con media sanción del Senado y que previamente, en el marco de las audiencias públicas, se desarrollarán exposiciones de representantes provinciales y funcionarios vinculados al tema.
Según detalló, este martes se prevé una audiencia pública con participación de distintas provincias, ministerios e incluso gobernadores que expondrán sus posiciones frente a la iniciativa.
Garrido explicó que el paso técnico inmediato dependerá de lo que ocurra en comisión: si el dictamen incorpora modificaciones, el proyecto deberá volver al Senado; en cambio, si no presenta cambios, podrá tratarse directamente en el recinto tal como llegó desde la Cámara Alta.
“El miércoles vamos a tener la sesión especial convocada para tratar la modificación de la ley de glaciares, una ley que ya viene aprobada con media sanción del Senado”, indicó.
El diputado sostuvo que el debate no debe centrarse exclusivamente en los glaciares, sino también en las zonas periglaciares, y afirmó que el eje principal de la modificación es devolver a las provincias mayor capacidad de decisión sobre sus recursos naturales.
“Esta modificación le da la facultad a las provincias para determinar el cuidado, el tratamiento, la explotación o no explotación de sus recursos naturales en el ámbito provincial”, expresó.
En ese sentido recordó que desde la reforma constitucional de 1994 las provincias son propietarias de sus recursos naturales, aunque advirtió que aún existen marcos regulatorios nacionales que condicionan ciertas decisiones productivas y ambientales.
Para Garrido, la discusión legislativa apunta justamente a corregir esa superposición normativa y permitir que cada jurisdicción defina sus propias políticas en función de su realidad territorial.
“Hoy tenemos el recurso que es de la provincia y la legislación que es nacional. Entonces, qué mejor que los santacruceños puedan generar su propia legislación y decidir cómo proteger sus recursos”, afirmó.
Frente a los cuestionamientos planteados por organizaciones ambientalistas sobre posibles riesgos para las reservas de agua dulce y el impacto de la actividad minera, el legislador aclaró que el proyecto no elimina los controles ambientales.
“La ley no elimina la necesidad de hacer estudios de impacto ambiental como está hoy. Eso no se modifica”, sostuvo.
También explicó que seguirán funcionando organismos nacionales de carácter consultivo, aunque insistió en que la decisión final debe recaer sobre las provincias.
En ese marco, defendió la capacidad institucional de Santa Cruz para ejercer controles ambientales y laborales.
“Yo entiendo que nadie mejor que un santacruceño o un gobierno santacruceño va a cuidar los recursos mejor que nosotros”, remarcó.
Durante la entrevista también vinculó experiencias negativas registradas en otras provincias, como San Juan, con decisiones adoptadas bajo marcos regulatorios nacionales, señalando que la descentralización permitiría controles más ajustados a cada realidad local.
Finalmente, Garrido consideró que el país debe avanzar hacia un federalismo más profundo en materia de recursos estratégicos y sostuvo que la discusión actual también obliga a repensar el sistema de beneficios y regalías en sectores como la minería.
La sesión extraordinaria del miércoles será clave para definir el futuro de una modificación que genera posiciones encontradas en distintos sectores políticos, productivos y ambientales del país.
