Durante la sesión legislativa, el diputado cuestionó la falta de información sobre los aportes mineros y planteó redireccionar recursos ante la crisis económica.
En el marco de la última sesión de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz, el diputado Daniel Peralta expuso una serie de cuestionamientos vinculados al manejo de los recursos provenientes de la actividad minera, haciendo especial foco en el funcionamiento y la transparencia del denominado Fondo UNIRSE.
Durante su intervención, el legislador repasó antecedentes relacionados con intentos previos de regulación del sector, como el fallido fondo inmobiliario minero, y señaló que actualmente persisten interrogantes clave sobre el destino y la administración de los recursos. “¿Cuánto aporta cada minera? ¿En qué se gasta ese dinero? ¿Quién define las prioridades?”, planteó, al tiempo que remarcó la necesidad de que esta información sea pública y accesible.
Peralta también cuestionó la falta de control sobre los fondos y la ausencia de consensos amplios para su utilización, proponiendo que se contemple su uso en el actual contexto de crisis económica. En ese sentido, sostuvo que los recursos podrían contribuir a aliviar la situación de los salarios estatales, a los que definió como “la rueda principal de la economía en cada localidad”.
Asimismo, el diputado insistió en la importancia de cumplir con la ley de zonificación minera vigente y reforzar el rol del Estado en la regulación de los recursos naturales. También hizo referencia a la necesidad de exigir mayores compromisos de inversión a las empresas del sector, en lugar de depender de aportes voluntarios.
En otro tramo de su discurso, advirtió sobre la caída del consumo en la provincia y el impacto social que esto genera en las familias santacruceñas. “La realidad es que el consumo básico está en caída y muchas familias ya no pueden sostenerse”, expresó, vinculando esta situación con la necesidad de redefinir las políticas públicas y el uso de los fondos disponibles.
Por último, Peralta llamó a construir consensos entre los distintos actores políticos e institucionales —incluidos intendentes, legisladores y el Ejecutivo provincial— para avanzar en una agenda común que permita afrontar la crisis con medidas concretas y sostenibles en el tiempo.
