La Dra. Diana Huerga Cuervo, presidenta del colegio, alertó sobre demoras estructurales agravadas por las medidas de fuerza. Denunció la suspensión de cámaras Gesell y procesos de familia, dejando a niños y adolescentes desprotegidos. «Cuando la justicia llega tarde, ya no es justicia», sentenció.
El servicio de justicia en la provincia de Santa Cruz atraviesa una crisis sin precedentes. Así lo manifestó la Dra. Diana Huerga Cuervo, presidenta del Colegio Público de la Abogacía de Santa Cruz, en diálogo exclusivo con Multimedio El Socavón. Durante la entrevista en el programa «El Que Calla Otorga», la letrada describió un panorama de «denegación de justicia» que afecta a todas las jurisdicciones, incluida la Cuenca Carbonífera.
Uno de los puntos más críticos de la denuncia radica en el fuero de familia. Huerga Cuervo reveló que se están suspendiendo cámaras Gesell y regímenes de contacto debido a que el personal del cuerpo pericial se encuentra adherido a medidas de fuerza. «Lo más grave es que se suspenden sin fecha cierta. Quedan niños, niñas y adolescentes desprotegidos en situaciones de extrema vulnerabilidad. El Tribunal Superior de Justicia debe garantizar que estos procesos urgentes no se detengan», reclamó.
La presidenta del colegio mencionó casos puntuales de extrema gravedad, como el juzgado de Pico Truncado, que se encuentra «virtualmente paralizado». Sin embargo, aclaró que las medidas de fuerza de los empleados judiciales solo vinieron a agravar una «demora estructural» que ya existía en el Poder Judicial santacruceño. «Ya veníamos con retrasos inexplicables en primera instancia y en las cámaras de apelaciones. Ahora, con los juzgados cerrados y defensorías sin atención, el acceso a la justicia es casi nulo», explicó.
Desde el Colegio de la Abogacía se está montando un Observatorio del Poder Judicial para recabar información sobre el cúmulo de causas y el estado del personal. No obstante, la Dra. Huerga Cuervo denunció que el Tribunal Superior de Justicia aún no ha respondido a los pedidos de informe. «Queremos aportar soluciones, pero para eso necesitamos transparencia. Los abogados penalistas también denuncian el incumplimiento sistemático de los plazos procesales, lo cual es gravísimo cuando hay personas privadas de su libertad», detalló.
Finalmente, la letrada instó a la sociedad a tomar conciencia de la situación. «Muchas veces los clientes no nos creen las demoras que hay, piensan que es falta de trabajo del abogado, pero la realidad es que el sistema está colapsado. Estamos pidiendo audiencias con jueces y cámaras porque no se puede naturalizar que un expediente tarde años en resolverse», concluyó.
