El Consejo Provincial de Educación anunció que dejará de abonar licencias gremiales con goce de sueldo y afectaciones que no estén vinculadas directamente con alumnos. La medida alcanza a sectores de ADOSAC y AMET y se suma a la decisión oficial de garantizar cargos docentes hasta febrero de 2027.
En medio de un escenario económico complejo y de un fuerte debate sobre el funcionamiento del sistema educativo provincial, el Gobierno de Santa Cruz resolvió avanzar con una reestructuración de las licencias gremiales y afectaciones docentes. La medida, comunicada por el Consejo Provincial de Educación (CPE), establece que dejarán de abonarse las licencias gremiales con goce de sueldo y aquellas afectaciones de personal que no estén vinculadas de manera directa con la atención de estudiantes en las escuelas.
Desde el organismo educativo señalaron que la decisión forma parte de una política orientada a fortalecer la educación pública santacruceña, optimizar el uso de los recursos estatales y reforzar la presencia de trabajadores dentro de las instituciones educativas.
La disposición impactará sobre licencias gremiales relacionadas con integrantes de los sindicatos ADOSAC y AMET, aunque desde el CPE aclararon que las mismas continuarán otorgándose conforme a lo establecido por la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales. La modificación central es que esas licencias dejarán de contar con remuneración estatal.
Además, el alcance de la medida incluye afectaciones de personal que actualmente no se encuentren desempeñando funciones vinculadas directamente a la atención pedagógica de alumnos. Según explicaron desde el Consejo, el objetivo es reorganizar el sistema educativo provincial y priorizar la presencia docente frente a las aulas.
La resolución se da en paralelo con otra definición política anunciada días atrás por el gobernador Claudio Vidal y la presidenta del CPE, Iris Rasgido, vinculada al sostenimiento de las fuentes laborales docentes hasta febrero de 2027. En ese contexto, el Ejecutivo provincial busca combinar estabilidad laboral con una reorganización interna del sistema educativo.
Desde el Gobierno sostienen que la baja sostenida de la matrícula escolar y la caída de la natalidad obligan a replantear la distribución de recursos y la organización institucional. Mientras otras provincias analizan cierres de cursos o reducción de cargos, Santa Cruz busca sostener puestos de trabajo docentes, aunque redefiniendo áreas consideradas no prioritarias dentro del esquema educativo.
“Los recursos deben estar destinados al fortalecimiento de las escuelas”, remarcaron desde el CPE al fundamentar la medida. Según señalaron, la prioridad será garantizar el acompañamiento pedagógico, las trayectorias escolares y el funcionamiento integral de las instituciones educativas en toda la provincia.
La decisión ya comenzó a generar repercusiones dentro del ámbito sindical y político, en un contexto donde la discusión sobre salarios, financiamiento educativo y condiciones laborales sigue ocupando un lugar central en Santa Cruz.
Mientras tanto, el Gobierno provincial insiste en que la reorganización apunta a fortalecer la presencia estatal dentro de las escuelas y sostener el sistema educativo frente al complejo escenario económico nacional.
Para el oficialismo, la prioridad pasa por garantizar la continuidad pedagógica y ordenar el funcionamiento administrativo del sistema. Para los gremios, en cambio, el debate recién empieza y podría abrir un nuevo foco de conflicto dentro del escenario educativo santacruceño.
