La División Cibercrimen realizó dos procedimientos ordenados por la Justicia y secuestró dispositivos electrónicos que serán peritados. La investigación se inició a partir de reportes internacionales remitidos al sistema judicial argentino.
La División Cibercrimen de la Policía de Santa Cruz llevó adelante este jueves dos allanamientos en Río Gallegos en el marco de una investigación por presunta tenencia y divulgación de material de abuso sexual infantil (MASI). Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado de Instrucción Penal N.º 1 de la capital provincial y se desarrollaron en domicilios ubicados en el barrio San Benito y sobre la calle Prefectura Naval.
La causa se originó a partir de reportes remitidos por el National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), organismo internacional que colabora con autoridades de distintos países en la detección y denuncia de hechos vinculados a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en entornos digitales.
Como resultado de las diligencias judiciales, los efectivos secuestraron distintos dispositivos electrónicos y soportes de almacenamiento informático que serán sometidos a pericias técnicas para determinar su contenido y su eventual vinculación con la investigación.
Entre los elementos incautados figuran teléfonos celulares, computadoras portátiles, unidades centrales de procesamiento (CPU), memorias USB, discos de almacenamiento y otros dispositivos digitales. Además, durante una requisa vehicular realizada en el marco del operativo, se secuestró una tarjeta de memoria considerada de interés para la causa.
Las tareas fueron coordinadas por personal especializado de la División Cibercrimen, que tendrá a su cargo el análisis forense del material secuestrado, una etapa clave para determinar la existencia de evidencia digital vinculada a los hechos investigados.
El operativo contó con un importante despliegue institucional y fue supervisado por autoridades de la Policía de Santa Cruz, entre ellas el Superintendente de Policía Judicial e Investigaciones, el Superintendente de Policía de Seguridad, directores generales y regionales, además de personal de la Dirección de Policía Científica y representantes del Ministerio de Seguridad de la provincia.
Finalizadas las medidas judiciales, la persona investigada fue notificada de la causa, fijó domicilio y quedó a disposición del Juzgado interviniente, mientras la investigación continúa con el análisis del material informático secuestrado.
La causa permanece bajo secreto de sumario y será la Justicia la que determine, a partir de las pruebas obtenidas, las responsabilidades que pudieran corresponder.
