Los gremios docentes cuestionaron la liquidación de los haberes de julio y acusaron al Consejo Provincial de Educación de incumplir acuerdos firmados en paritarias. Además, rechazaron los descuentos aplicados por medidas de fuerza y advirtieron que podrían profundizar el conflicto con nuevas acciones sindicales.
La publicación de los salarios correspondientes al mes de julio volvió a tensar la relación entre el Gobierno de Santa Cruz y los gremios docentes. Lejos de cerrar el capítulo de la negociación paritaria, la liquidación de los haberes reactivó los reclamos de AMET Santa Cruz y ADOSAC, que denunciaron incumplimientos en los acuerdos alcanzados, cuestionaron la aplicación de descuentos por días de paro y anticiparon que el conflicto podría ingresar en una nueva etapa de medidas gremiales.
Mientras el Ejecutivo provincial concretó el pago de los salarios para toda la administración pública, las organizaciones sindicales sostienen que la liquidación presenta irregularidades que afectan directamente el poder adquisitivo de los trabajadores de la educación y ponen en discusión el cumplimiento de los compromisos asumidos en la mesa paritaria.
En el caso de AMET Santa Cruz, el reclamo se centra en el incumplimiento del acuerdo que establecía la incorporación del ítem de seguridad para los preceptores de taller, un concepto que, según el sindicato, debía reflejarse en los salarios de julio y finalmente no fue abonado.
A esa situación, el gremio sumó la denuncia por la aplicación de descuentos identificados bajo el código 900, que, según indicaron, fueron realizados sin comunicación previa ni explicación oficial, alcanzando a numerosos docentes de escuelas técnicas de la provincia.
Desde la organización sindical exigieron el pago inmediato del adicional comprometido, la revisión de las liquidaciones y la devolución de los descuentos que consideran indebidos.
Asimismo, advirtieron que estas decisiones afectan la confianza en la negociación colectiva y vulneran el principio de buena fe que debe regir las paritarias.
«Los acuerdos se cumplen. Los derechos se respetan», expresó AMET al declararse en estado de alerta y advertir que no descarta profundizar las acciones gremiales si la situación no encuentra una respuesta por parte del Consejo Provincial de Educación.
Por su parte, la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) difundió un duro comunicado en el que cuestionó la decisión del Gobierno de volver a aplicar descuentos salariales mientras, al mismo tiempo, celebraba la firma del acuerdo paritario alcanzado durante las negociaciones de julio.
Para el sindicato, existe una contradicción entre la recomposición salarial anunciada por el Ejecutivo y la aplicación de descuentos que reducen el impacto real del incremento obtenido en la negociación.
Según ADOSAC, la política de descuentos termina neutralizando parte del beneficio salarial conseguido en paritarias y genera un fuerte impacto sobre la economía cotidiana de miles de docentes.
En ese sentido, el gremio sostuvo que cada descuento obliga a muchas familias trabajadoras a recurrir al endeudamiento para afrontar gastos básicos y consideró que estas decisiones repercuten directamente sobre la calidad de vida del sector.
El sindicato también responsabilizó políticamente al gobernador Claudio Vidal por las consecuencias de las medidas adoptadas y reclamó el cese de lo que definió como una política de castigo salarial.
En su pronunciamiento, ADOSAC exigió al Gobierno Provincial respetar el principio de buena fe en la negociación colectiva y cumplir íntegramente los compromisos asumidos en la mesa paritaria.
«Con el salario docente no se juega. Cada descuento es un plato de comida menos en la mesa de una familia trabajadora», expresó la organización en uno de los párrafos centrales del comunicado.
Como respuesta al escenario actual, la Comisión Directiva Provincial de ADOSAC convocó a las conducciones de todas las filiales de la provincia a realizar asambleas locales para analizar el conflicto, evaluar el impacto de las decisiones oficiales y definir democráticamente los pasos a seguir.
La convocatoria deja abierta la posibilidad de nuevas medidas de fuerza si no existen respuestas concretas por parte del Ejecutivo provincial.
El nuevo capítulo del conflicto evidencia que, pese a la reciente firma de la paritaria, persisten diferencias de interpretación sobre el cumplimiento de los acuerdos y sobre la política de descuentos aplicada durante el proceso de negociación. Mientras el Gobierno sostiene la liquidación de los haberes, los gremios reclaman que los compromisos asumidos se reflejen plenamente en los salarios y advierten que el conflicto docente en Santa Cruz aún está lejos de quedar resuelto.
