Desde la Cuenca Carbonífera, el intendente de Río Gallegos cuestionó las políticas económicas del Gobierno nacional y la gestión provincial. Vinculó el deterioro del empleo, el endeudamiento de los hogares y la pérdida del poder adquisitivo con el rumbo económico de Javier Milei y Claudio Vidal.
Desde la Cuenca Carbonífera, el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, volvió a cuestionar el impacto de las políticas económicas nacionales y provinciales sobre las condiciones de vida de los santacruceños. El dirigente puso el foco en los indicadores de pobreza, empleo y endeudamiento de los hogares y sostuvo que detrás de las estadísticas existe una situación social que, a su entender, requiere respuestas concretas de los gobiernos nacional y provincial.
La declaración se produjo en un contexto marcado por nuevas estimaciones sobre la pobreza en Argentina y por los datos laborales que muestran un escenario complejo para distintos sectores de la economía.
Grasso fue contundente al atribuir responsabilidades políticas y afirmó: “Los números de pobreza en Santa Cruz son terribles y tienen nombre y apellido: Milei y Vidal”.
En su planteo, el jefe comunal cuestionó la capacidad de los indicadores tradicionales para reflejar la totalidad de los gastos que enfrentan actualmente los hogares.
Grasso sostuvo que la medición del INDEC no contempla, según su interpretación, el impacto integral que tienen sobre los presupuestos familiares las tarifas de servicios públicos, transporte, conectividad y otros consumos que se incorporaron a la estructura de gastos cotidianos.
Más allá de esa discusión metodológica, las estimaciones disponibles muestran un escenario de fuerte presión sobre los ingresos. La Universidad Torcuato Di Tella proyectó para el semestre marzo-agosto de 2026 una tasa de pobreza del 31,3%, con un intervalo de confianza del 95% entre 29,8% y 32,8%. El estudio estima que alrededor de 9,4 millones de personas vivirían en hogares urbanos pobres dentro de la población representada por la EPH.
La misma estimación señala que la canasta básica total utilizada como referencia aumentó 34,7% interanual, mientras que el ingreso total familiar proyectado creció 25%, una diferencia que contribuye a explicar el deterioro del indicador durante el período analizado.
Estos datos corresponden a una estimación privada y no reemplazan la medición oficial del INDEC, que actualmente informa una tasa nacional de desocupación de 7,8% para el primer trimestre de 2026.
Para Grasso, la discusión sobre pobreza no puede separarse de la situación del mercado laboral.
El intendente sostuvo que Santa Cruz atraviesa una pérdida significativa de puestos de trabajo registrados y apuntó especialmente al impacto de la paralización de obras de infraestructura y al retroceso de la actividad de la construcción.
Un informe difundido en julio señaló que Santa Cruz había acumulado una pérdida de aproximadamente 10.400 empleos privados formales desde diciembre de 2023, mientras que el empleo privado registrado provincial habría alcanzado un mínimo de 50.600 puestos en abril de 2026.
Los datos oficiales del Ministerio de Trabajo muestran que las estadísticas provinciales de empleo registrado se actualizan a través del sistema SIPA y de las series laborales por jurisdicción. La última información disponible incluye datos de empleo privado registrado correspondientes a junio de 2026.
En este escenario, Grasso vinculó la situación del mercado laboral santacruceño con la caída de la obra pública y con la reducción de la actividad en sectores que históricamente generaron una importante cantidad de empleos.
Otro de los aspectos señalados por el intendente fue el crecimiento del endeudamiento de las familias.
Según su planteo, la pérdida del poder adquisitivo habría llevado a numerosos hogares a recurrir al crédito y a las tarjetas para afrontar gastos cotidianos, incluso para la compra de alimentos.
Para Grasso, el problema no se limita entonces a quienes se encuentran por debajo de la línea de pobreza, sino que también alcanza a sectores que, aun manteniendo ingresos, deben recurrir al endeudamiento para sostener su nivel de consumo.
La consecuencia, según su lectura, es una creciente presión sobre los presupuestos familiares, particularmente en un contexto donde los ingresos no acompañarían al mismo ritmo la evolución de los gastos.
El intendente de Río Gallegos ubicó estos indicadores dentro de una discusión política más amplia.
Según su interpretación, el deterioro de las condiciones laborales y sociales es consecuencia de las políticas implementadas por el Gobierno nacional desde diciembre de 2023 y de las decisiones adoptadas posteriormente por la administración provincial.
En particular, cuestionó el rumbo económico asociado al presidente Javier Milei, al tiempo que responsabilizó al gobernador Claudio Vidal por la situación del empleo y la generación de nuevas oportunidades laborales dentro de Santa Cruz.
Grasso también cuestionó la aprobación de la Ley Bases y otras normas impulsadas durante la actual administración nacional, al considerar que favorecieron al sector financiero en detrimento de la producción y el trabajo.
Estas afirmaciones forman parte de la interpretación política del intendente sobre las causas del escenario económico y social; no constituyen por sí mismas una conclusión estadística sobre la responsabilidad causal de cada administración.
El debate también alcanza a la forma de medir la pobreza y las condiciones de vida.
La UTDT, por ejemplo, explica que su nowcast de pobreza es una estimación semestral basada en la estructura del mercado laboral y los ingresos familiares de la EPH, comparados con la Canasta Básica Total. Se trata de una proyección y no de una medición oficial definitiva.
El INDEC, por su parte, continúa siendo el organismo oficial encargado de producir las estadísticas nacionales de pobreza, indigencia, empleo y otros indicadores sociales.
La diferencia entre las distintas mediciones y metodologías alimenta una discusión relevante: qué variables deben contemplarse para reflejar de manera adecuada el costo de vida y las condiciones reales de los hogares.
El planteo de Grasso vuelve a instalar en la agenda provincial una discusión que atraviesa a trabajadores, comerciantes, empresarios, organizaciones sociales y gobiernos locales: cómo recuperar empleo, mejorar los ingresos y reducir el endeudamiento de las familias en un contexto de menor actividad económica.
Para el intendente, los números deben ser leídos junto con las historias concretas detrás de cada estadística: familias que reducen consumos, trabajadores que pierden su empleo y hogares que recurren al crédito para cubrir gastos básicos.
Su conclusión política fue directa y quedó sintetizada en la frase con la que planteó su diagnóstico: “Los números de pobreza en Santa Cruz son terribles y tienen nombre y apellido: Milei y Vidal”.
La discusión, en definitiva, no se limita a una cifra. También involucra las distintas interpretaciones sobre sus causas, el rol de los gobiernos nacional y provincial y las políticas necesarias para enfrentar el deterioro de los ingresos y del empleo.
