El Municipio abrió una ronda de diálogo con trabajadores del sector para revisar exigencias sobre vehículos, vida útil, identificación y modalidad de paradas. La propuesta busca actualizar una ordenanza vigente desde 2006 frente a los cambios en los hábitos de los usuarios, los costos de la actividad y el avance de las plataformas digitales.
La Municipalidad de Río Gallegos inició una ronda de conversaciones con representantes del sector de taxis y remises con el objetivo de avanzar en una modificación de la normativa que regula el transporte de pasajeros en la capital santacruceña. La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Gobierno, por decisión del intendente Pablo Grasso, y apunta a revisar distintas exigencias que actualmente pesan sobre los trabajadores del volante.
La primera instancia de diálogo se desarrolló la semana pasada y contó con la participación del jefe de Gabinete, Diego Robles, y del director administrativo de Tránsito, Paulo Ortiz.
El planteo del Ejecutivo municipal parte de un escenario que, según se explicó, cambió significativamente respecto del momento en que fueron establecidas buena parte de las actuales reglas. Los costos de mantenimiento y renovación de los vehículos aumentaron, se modificaron los hábitos de los pasajeros y las plataformas digitales incorporaron nuevas modalidades de contratación del transporte.
En ese contexto, durante 2025 taxistas y remiseros de Río Gallegos habían planteado públicamente dificultades vinculadas con la caída de la actividad y el impacto que genera la expansión de plataformas como Uber y de otros servicios que funcionan por fuera del esquema tradicional de habilitación.
Revisar las reglas sin resignar controles
La secretaria de Gobierno, Sara Delgado, explicó que el objetivo de la iniciativa no es reducir los estándares de seguridad, sino revisar aquellas exigencias que podrían haber quedado desactualizadas.
“No queremos bajar la vara porque Río Gallegos es la capital de Santa Cruz. Lo que queremos es revisar reglas que fueron pensadas para otra realidad y que hoy pueden convertirse en un obstáculo para quienes cumplen con la normativa. Modernizar no es desregular: es hacer que las reglas tengan sentido en la ciudad que tenemos hoy”, sostuvo.
Uno de los ejes que atraviesa la discusión es precisamente la aparición de las plataformas digitales de transporte. Desde el Municipio señalaron que no se plantea acompañar la expansión de servicios informales, pero reconocieron que las nuevas formas de contratación ya forman parte de los hábitos de una parte de los usuarios.
La estrategia oficial apunta, en ese sentido, a fortalecer el sistema de transporte que se encuentra dentro del marco legal municipal, con vehículos identificados, controles, seguros y responsabilidades claramente determinadas.
“Nosotros defendemos al transporte legal porque atrás de cada viaje hay una persona. Y si ocurre un siniestro con pasajeros arriba, tiene que haber un responsable, un seguro y un Estado que pueda intervenir. Los pasajeros son nuestros vecinos y nuestras vecinas”, afirmó Paulo Ortiz.
Qué aspectos de la normativa se encuentran bajo análisis
La discusión contempla modificaciones a la Ordenanza Municipal N.º 5.838/06, que establece el Régimen, Funcionamiento y Control del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Entre los puntos que están siendo analizados junto con los trabajadores aparecen distintas exigencias relacionadas con las características de las unidades y las condiciones de prestación del servicio.
Uno de los temas es el tipo de vehículo que puede ser incorporado al servicio, particularmente los requisitos vinculados con la cilindrada y la capacidad del baúl.
También se analiza la exigencia relacionada con el color de los automóviles, con la posibilidad de actualizar ese requisito estético sin afectar la identificación de las unidades ni las condiciones de seguridad para los pasajeros.
Otro aspecto bajo revisión es la vida útil de los vehículos, buscando adecuar las exigencias a la realidad económica de los trabajadores y a las características actuales del mercado automotor.
Además, se encuentra en discusión la posibilidad de avanzar desde el actual esquema de paradas exclusivas hacia un sistema de paradas libres, con el objetivo de brindar mayor flexibilidad en la prestación del servicio.
Delgado remarcó que la discusión no se reduce simplemente a eliminar requisitos.
“La discusión no se limita a quitar requisitos sino a preguntarnos qué controles siguen siendo indispensables, cuáles pueden modernizarse y cuáles quedaron atados a una forma de prestar el servicio que ya cambió, pero es algo que estamos construyendo junto a los trabajadores”, señaló.
Un antecedente de diálogo con el sector
La iniciativa tiene como antecedente las medidas adoptadas por el Municipio durante abril de 2025, luego de las protestas protagonizadas por trabajadores del sector.
En aquella oportunidad, el Ejecutivo municipal acordó bonificar la inspección anual adeudada por más de 200 unidades y abrió una instancia de diálogo con taxistas y remiseros.
Ahora, el objetivo es avanzar sobre una discusión de mayor alcance: revisar la normativa vigente para determinar qué exigencias continúan siendo necesarias, cuáles requieren modificaciones y qué herramientas pueden permitir que el transporte habilitado tenga mejores condiciones para competir frente a las nuevas modalidades de movilidad.
El transporte público también forma parte del escenario
La discusión sobre taxis y remises se desarrolla, además, en un contexto de cambios en el sistema de transporte urbano de pasajeros de Río Gallegos.
Según información difundida por el Municipio, durante 2024 más de 5.000 familias se incorporaron al transporte público y la ciudad llegó a superar los 13.000 boletos diarios. En paralelo, el Ejecutivo señaló que amplió recorridos en un escenario nacional marcado por dificultades para sostener el financiamiento del transporte público.
En el caso de taxis y remises, la intención oficial es que el diálogo permita elaborar una propuesta concreta que posteriormente pueda ser elevada al Concejo Deliberante.
El objetivo planteado es avanzar hacia una normativa con reglas actualizadas, reducir cargas que el sector considera innecesarias y sostener controles vinculados con la seguridad, la identificación de los vehículos, los seguros y la responsabilidad frente a los pasajeros.
Por ahora, el proceso se encuentra en una etapa de conversaciones. La definición de los cambios dependerá del resultado de ese intercambio entre el Ejecutivo municipal y los trabajadores del sector, y posteriormente del tratamiento que pueda tener una eventual modificación de la ordenanza en el ámbito legislativo local.
