El intendente de Río Gallegos cuestionó el cierre de empresas, la caída del empleo y la situación del comercio en la provincia. Según afirmó, Santa Cruz necesita mayor previsibilidad para atraer inversiones y generar puestos de trabajo. También cuestionó el rol de la SAU y sostuvo que debe existir un esquema de reglas claras para todos los actores económicos.
El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, volvió a plantear la necesidad de generar condiciones de mayor previsibilidad económica y jurídica en Santa Cruz para favorecer la llegada de inversiones y la creación de empleo.
El jefe comunal realizó declaraciones en las que expresó su preocupación por la situación que atraviesan comercios, pequeñas y medianas empresas y trabajadores, y sostuvo que la provincia necesita avanzar hacia un escenario con “seguridad jurídica y reglas claras” que permita brindar previsibilidad a quienes buscan invertir.
“Necesitamos otra Santa Cruz en donde haya seguridad jurídica y reglas claras que den previsibilidad a los inversores”, manifestó Grasso, quien consideró que la incertidumbre y la falta de estabilidad terminan afectando las decisiones de inversión y, consecuentemente, el mercado laboral.
El diagnóstico planteado por Grasso
En sus declaraciones, el intendente afirmó que desde la asunción de los gobiernos de Claudio Vidal en Santa Cruz y Javier Milei a nivel nacional se produjo el cierre de 379 empresas y señaló que existen 15.280 personas desempleadas.
Esas cifras fueron presentadas por Grasso como parte de su diagnóstico sobre la situación económica provincial. El intendente sostuvo además que los comercios que permanecen abiertos atraviesan dificultades vinculadas a la caída del consumo y que algunos trabajan con niveles mínimos de actividad o incluso a pérdida.
“El ajuste lo están pagando empresarios, Pymes, comercios y trabajadores”, afirmó.
El planteo de Grasso apunta particularmente al impacto que tiene la contracción del consumo sobre el entramado comercial y productivo, en un escenario donde las empresas necesitan sostener niveles de actividad suficientes para mantener sus estructuras y puestos laborales.
La inversión y el dato de Invecq
Otro de los argumentos utilizados por el intendente estuvo relacionado con la evolución de la inversión en Argentina.
Grasso mencionó a la consultora Invecq y sostuvo que desde 2023 la inversión se encuentra por debajo de los niveles registrados en ese año.
El dato requiere una precisión: Invecq informó que la inversión, como componente de la demanda de la economía argentina, se ubicó 13,2% por debajo del nivel de 2023 en el segundo trimestre de 2026.
Ese indicador no equivale directamente a la inversión extranjera directa (IED). En este último caso, el Banco Central informó que durante el primer trimestre de 2026 ingresaron USD 1.794 millones de flujos netos transaccionales de IED, con la explotación de minas y canteras entre los principales sectores receptores.
En ese contexto, Grasso cuestionó qué impacto concreto tienen las políticas macroeconómicas sobre la generación de empleo y la actividad productiva.
“¿Cuál es el beneficio para la gente, si no hay inversión real ni generación de empleo genuino?”, planteó.
Críticas al funcionamiento de la SAU
Dentro de su diagnóstico sobre la situación comercial provincial, el intendente también apuntó contra la SAU, a la que cuestionó por competir, según su interpretación, con empresas y comercios privados contando con respaldo estatal.
Grasso sostuvo que esta situación genera condiciones de competencia que considera desiguales y afirmó que podría profundizar las dificultades que atraviesa el comercio.
Según expresó, la participación de una empresa con respaldo estatal en determinados mercados puede afectar el nivel de actividad de comercios privados, particularmente en un contexto caracterizado por una menor demanda y dificultades para sostener los niveles de consumo.
“No se trata de regalar la tierra”
Como parte de su propuesta, el intendente planteó que Santa Cruz debería avanzar hacia un esquema que permita atraer inversiones sin resignar el control sobre los recursos naturales ni flexibilizar las condiciones ambientales.
“Hay que construir otra Santa Cruz, con reglas claras para todos”, sostuvo.
En ese sentido, remarcó que su planteo no implica entregar recursos o tierras sin condiciones, sino establecer un marco de estabilidad que permita a quienes quieran invertir conocer de antemano las reglas bajo las cuales deberán desarrollar sus proyectos.
“No se trata de regalar la tierra o de flexibilizar el cuidado de nuestros recursos naturales, se trata de buscar estabilidad y reglas claras”, afirmó.
El debate sobre inversión, empleo y previsibilidad
Las declaraciones de Grasso vuelven a poner en el centro de la discusión provincial la relación entre inversión, actividad económica, consumo, empleo y reglas de juego.
Mientras el intendente sostiene que la incertidumbre desalienta inversiones y profundiza la pérdida de puestos de trabajo, los datos disponibles muestran una realidad económica con comportamientos diferentes según el indicador que se observe: Invecq registra una caída significativa de la inversión respecto de 2023, mientras que las estadísticas oficiales del BCRA muestran que durante el primer trimestre de 2026 continuaron registrándose flujos de inversión extranjera directa hacia el país.
En Santa Cruz, el debate adquiere además una dimensión particular por el peso de las actividades vinculadas a los recursos naturales, la obra pública, el comercio y los servicios.
El planteo del intendente apunta, en definitiva, a reclamar un escenario provincial en el que las inversiones encuentren estabilidad, previsibilidad y reglas de juego definidas, mientras se mantiene abierto el debate sobre qué políticas económicas pueden traducirse efectivamente en mayor actividad y empleo para los trabajadores y las empresas santacruceñas.
