El abogado Sandro Levin sostuvo que su defendido adquirió un arma de buena fe y que no hay pruebas para atribuirle el delito imputado. El juicio se desarrolló durante dos jornadas en Río Gallegos. El tribunal dará a conocer la sentencia el miércoles 21 de octubre, a las 12, en una audiencia pública.
El juicio por la sustracción de armas de fuego que estaban bajo custodia judicial en Río Turbio concluyó esta semana en Río Gallegos, luego de dos jornadas de debate. La sentencia se conocerá el próximo miércoles 21 de octubre, a las 12, según informó el abogado defensor Sandro Levin.
Levin representa a Rodrigo Sánchez Maldonado, uno de los tres imputados en la causa. Durante una entrevista en FM 105.1 “La Voz de la Cuenca”, el abogado explicó los argumentos de la defensa y confirmó que solicitó la absolución de su asistido.
La Fiscalía sostuvo que habría existido una maniobra para retirar armas y hacerlas circular. Según lo informado durante la transmisión, la acusación pidió penas de hasta seis años de prisión para algunos de los imputados. En el caso de Sánchez Maldonado, Levin indicó que la fiscal solicitó dos años y seis meses.
Las defensas cuestionaron las pruebas, plantearon objeciones sobre la investigación y solicitaron la absolución de los tres acusados. La decisión final corresponde al tribunal, que deberá evaluar los testimonios, las pericias y los alegatos.
La postura de la defensa de Sánchez Maldonado
Levin sostuvo que su defendido no cometió el delito que se le atribuye. Según explicó, Sánchez Maldonado era legítimo usuario y había adquirido un arma de fuego, pero —de acuerdo con la versión de la defensa— desconocía su procedencia.
El abogado señaló que su asistido no era empleado judicial ni tenía acceso a las dependencias del juzgado. Por eso, planteó que su conducta debe analizarse de manera individual y separada de los hechos vinculados con la desaparición de armas bajo custodia judicial.
La defensa sostiene que no corresponde atribuirle responsabilidad por el conjunto de lo ocurrido en el juzgado sin probar, en forma específica, qué hizo cada persona imputada y cuál fue su participación.
Levin afirmó que el Ministerio Público Fiscal debe acreditar los hechos que imputa y que la persona acusada no tiene que demostrar su inocencia. En ese marco, argumentó que, si persisten dudas sobre la responsabilidad de su defendido, corresponde resolverlas a su favor.
Un arma bajo análisis
El abogado reconoció que Sánchez Maldonado adquirió un arma de fuego. Sin embargo, sostuvo que la compra se realizó de buena fe y que no se probó que el acusado conociera el origen del arma.
La discusión sobre la procedencia del elemento es uno de los puntos que la defensa considera centrales para evaluar la conducta de su asistido.
Levin señaló que el análisis del caso debe concentrarse en la adquisición de esa arma y no extenderse automáticamente a la totalidad de la desaparición de armas del juzgado.
El planteo sobre las armas que siguen sin aparecer
Durante la entrevista, el abogado puso el foco en la cantidad de armas que, según afirmó, desaparecieron del Juzgado de Instrucción de Río Turbio.
Levin sostuvo que fueron 45 las armas de fuego que dejaron de estar bajo custodia y que se habría recuperado menos de cinco. Esas cifras fueron mencionadas por el defensor durante la entrevista y no constituyen, por sí solas, una conclusión judicial sobre los hechos.
El abogado consideró que también debe esclarecerse qué ocurrió con las armas restantes y cómo se produjo la desaparición de elementos que estaban bajo responsabilidad estatal.
En ese sentido, dijo desconocer si se realizó una investigación interna o un sumario para determinar cómo se perdió el control sobre esas armas. Aclaró que no estaba acusando a funcionarios judiciales de haber cometido un delito, pero sostuvo que el manejo de esos elementos merece ser investigado.
El juicio comenzó el martes y concluyó el miércoles por la tarde, luego de dos jornadas que, según Levin, se extendieron más de lo previsto.
El abogado explicó que participaron tres defensas y la Fiscalía, además de la producción de testimonios y el planteo de distintas cuestiones durante el debate.
Al finalizar, los defensores solicitaron la absolución de sus representados. La Fiscalía mantuvo las acusaciones y pidió penas para los imputados.
La decisión quedó ahora en manos del tribunal, que deberá valorar las pruebas, las declaraciones testimoniales, las pericias sobre las armas y los argumentos presentados durante los alegatos.
Consultado sobre la declaración de integrantes del juzgado, Levin afirmó que, según su conocimiento, solo declaró como testigo una persona que trabajaba como chofer, mientras que otros integrantes de la dependencia no fueron convocados a declarar durante el juicio.
El abogado también planteó que la investigación debe analizar por separado la conducta de cada persona involucrada. Su argumento es que la responsabilidad penal no debería establecerse de manera general por la gravedad institucional del caso, sino a partir de las pruebas referidas a cada acusado.
La Fiscalía, por su parte, sostuvo que hubo una maniobra vinculada con la retirada y circulación de las armas. La versión de la defensa y la de la acusación serán evaluadas por el tribunal en la sentencia.
Levin confirmó que el fallo se dará a conocer el miércoles 21 de octubre, a las 12. Al tratarse de un juicio oral y público, la audiencia de lectura de sentencia también será pública, según explicó el abogado.
La resolución determinará si los tres imputados son condenados o absueltos y establecerá los fundamentos del tribunal.
Hasta que se conozca el fallo, las acusaciones y los planteos de las defensas deben entenderse como posiciones presentadas durante el proceso. La responsabilidad penal de cada acusado será definida por la Justicia.
