Los procedimientos se realizaron en Río Gallegos, El Calafate, establecimientos rurales de Santa Cruz y distintos puntos de Buenos Aires. La Justicia investiga una presunta organización que habría utilizado camiones para trasladar cocaína y otra estructura vinculada con la administración de activos que podrían tener origen ilícito. Entre los lugares allanados se encuentra una vivienda del empresario Lázaro Báez.
Una investigación judicial por presuntas maniobras de narcotráfico y lavado de activos avanzó durante las últimas horas con la realización de 27 allanamientos en distintos puntos de Santa Cruz y Buenos Aires. Los procedimientos comenzaron el lunes 9 de noviembre y continuaban este martes, en el marco de dos causas que buscan determinar la existencia de organizaciones criminales vinculadas con el transporte de estupefacientes y la administración de bienes de presunto origen ilícito.
Las medidas fueron ordenadas por el juez federal de garantías Claudio Marcelo Vázquez, a partir de los requerimientos de la Unidad Fiscal Río Gallegos y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
Los operativos se desplegaron principalmente en Río Gallegos, El Calafate, establecimientos rurales de Santa Cruz y diferentes domicilios de la provincia de Buenos Aires. Entre los inmuebles alcanzados por los procedimientos se encuentra la vivienda de Lázaro Báez en El Calafate.
Uno de los aspectos centrales del expediente es que una de las líneas investigativas apunta a una presunta estructura encabezada por el empresario, actualmente detenido, que habría tenido como finalidad administrar, explotar y mantener en circulación determinados activos que podrían quedar alcanzados por las consecuencias patrimoniales de las condenas judiciales que pesan sobre él.
Una presunta organización que trasladaba cocaína en camiones
La primera investigación apunta a una organización que presuntamente habría utilizado camiones pertenecientes a una empresa transportista para trasladar cocaína.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, las maniobras se habrían desarrollado, al menos, desde diciembre de 2025, utilizando vehículos vinculados con la actividad comercial de la empresa como parte de una logística para movilizar estupefacientes.
En el marco de la pesquisa, los investigadores identificaron a dos hombres que presuntamente estarían a cargo de la distribución de la droga. Uno de ellos tendría vinculación con un lavadero ubicado sobre la calle Spilimbergo, en Río Gallegos, establecimiento que habría funcionado como punto para concretar las entregas.
Este lugar constituye una de las referencias territoriales de la investigación, ya que los fiscales buscan establecer cómo se desarrollaban las operaciones y cuál era la participación de las personas involucradas.
La investigación por lavado de activos y el vínculo con Lázaro Báez
A partir de los elementos reunidos en la causa por narcotráfico, los investigadores profundizaron otra línea que derivó en un segundo expediente por presunto lavado de activos.
Esta investigación busca determinar si existió una organización destinada a administrar, explotar y poner nuevamente en circulación bienes de origen ilícito.
Según la hipótesis fiscal, la estructura estaría encabezada por el empresario Lázaro Báez y habría tenido como objetivo sustraer determinados activos de la ejecución de las condenas judiciales que pesan sobre él.
Los investigadores intentan establecer si distintas personas habrían intervenido en la administración, explotación y circulación de esos bienes, y si existieron mecanismos organizados para mantenerlos fuera del alcance de las consecuencias patrimoniales de las sentencias.
Uno de los elementos que conecta ambas investigaciones es la posible participación de personas en común. De acuerdo con la información judicial difundida, uno de los sospechosos que integraría la estructura vinculada con el manejo de activos sería también quien aparece identificado como presunto líder de la organización investigada por narcotráfico en Santa Cruz.
27 allanamientos y secuestro de vehículos, documentación y estupefacientes
El despliegue judicial comprendió 27 allanamientos y otras medidas en domicilios particulares, sucursales de inmobiliarias y establecimientos rurales.
Los procedimientos contaron con la participación de efectivos de Narcocriminalidad e Investigaciones de la Policía de Santa Cruz, junto con personal de la Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional.
Como resultado de los operativos se secuestraron estupefacientes, documentación y distintos vehículos que estarían vinculados con las personas investigadas en ambas causas.
También se incautaron otros elementos considerados de interés para el avance de los expedientes. Todo el material será sometido a las pericias y análisis correspondientes para determinar su posible relación con las maniobras investigadas.
En cuanto al despliegue provincial, los procedimientos fueron supervisados por el ministro de Seguridad, Pedro Prodromos; el titular de la Unidad de Coordinación, Asistencia y Asesoramiento del Ministerio de Seguridad, Daniel Barrientos; el superintendente de Policía Judicial e Investigaciones, comisario general Daniel Carrillo; y el jefe del Departamento de Investigaciones Zona Sur, comisario general Luis Poblete.
Embargos, restricciones patrimoniales y levantamiento del secreto bancario
Además de los allanamientos, la Justicia dispuso medidas cautelares sobre los bienes de las personas alcanzadas por la investigación.
Entre ellas se encuentran embargos y restricciones patrimoniales destinadas a resguardar los activos mientras se profundizan las actuaciones judiciales.
También se ordenó el levantamiento del secreto bancario y fiscal de los involucrados, una medida que permitirá acceder a información sobre movimientos financieros, operaciones económicas y registros impositivos.
Los requerimientos fueron impulsados por los fiscales Julio Zárate y Diego Velasco, junto con el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Río Gallegos y la PROCELAC.
La investigación continúa abierta y los elementos secuestrados durante los 27 procedimientos serán fundamentales para reconstruir las presuntas relaciones económicas, comerciales y personales entre los investigados.
Por el momento, las hipótesis fiscales deberán ser corroboradas mediante las pruebas incorporadas a los expedientes, mientras no se descartan nuevas medidas judiciales.
