El gremio de Judiciales presentó una carta al presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Dr. Mauricio Mariani, en la que solicita la instrucción de un proceso de jury contra la jueza Betina Bustos, a cargo del Juzgado Provincial N.º 1 de Instrucción y Penal Juvenil de Río Turbio.
La solicitud se basa en antecedentes previos y recientes hechos de pública notoriedad:
- Antecedentes previos:
En 2017, el gremio presentó un amparo que derivó en sentencias favorables en primera y segunda instancia. Estas resoluciones ya señalaban la existencia de elementos probatorios suficientes para avanzar con un proceso de jury contra la jueza Bustos. - Caso actual:
El reciente operativo denominado “Empleado Infiel”, que involucró seis allanamientos y la detención de seis personas, incluidas dos policías y un empleado judicial, desató una nueva polémica. Estas personas están acusadas de participar en la venta clandestina de armas robadas del depósito judicial del Juzgado de Río Turbio, bajo la custodia de la jueza Bustos.
El gremio critica que, a pesar de la gravedad del caso, la magistrada no se excusó de intervenir en una investigación que involucra a su juzgado y que podría implicarla directamente en su rol como responsable del resguardo de bienes judiciales.
El gremio exige:
- La instrucción de un sumario para investigar los hechos.
- El apartamiento inmediato de la jueza Bustos de la tramitación de las actuaciones relacionadas.
- La aplicación de medidas disciplinarias ante los reiterados incumplimientos que señalan como manifiestos.
Judiciales advierte que la situación representa una amenaza a la institucionalidad y señala paralelismos con la destitución del juez de Cámara Diego Lerena, quien también fue cuestionado por no excusarse en casos que lo involucraban.
El gremio subraya que la intervención de la jueza Bustos en el caso constituye una falta ética grave, al tratarse de una investigación que pone en entredicho su rol y responsabilidad como garante de los elementos bajo su custodia.
Judiciales insta al TSJ a tomar medidas inmediatas para garantizar transparencia y restablecer la confianza en el sistema judicial. La omisión de acciones, remarcan, podría agravar la crisis de confianza en la institución y dejar sin respuesta los serios cuestionamientos éticos y legales planteados contra la magistrada.
