Desde el Departamento de Políticas para Personas con Discapacidad se condenaron los dichos del presidente, que apuntaron públicamente contra Ian Moche, un niño de 12 años con autismo. El municipio denunció violencia institucional, estigmatización y desamparo estatal.
El Departamento de Políticas para Personas con Discapacidad de la Municipalidad de Río Gallegos emitió un comunicado en el que expresa su más enérgico repudio a las declaraciones vertidas por el presidente Javier Milei contra Ian Moche, un niño de 12 años con autismo reconocido por su compromiso con la lucha por los derechos de las personas con discapacidad. El mandatario nacional publicó en sus redes sociales un mensaje que involucraba al menor, utilizando su imagen y tildándolo de estar “del lado del mal” en el marco de un ataque político hacia un periodista.
Desde el municipio se calificó este hecho como un grave acto de violencia institucional, inadmisible dentro de un Estado de derecho, y se cuestionó duramente el uso de la investidura presidencial para atacar a un niño que representa a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. “Las personas con discapacidad no piden favores: exigen el respeto de sus derechos adquiridos, consagrados por normativas internacionales con jerarquía constitucional”, expresaron.
Además, el pronunciamiento advierte que este tipo de manifestaciones por parte del presidente no solo desconoce sus obligaciones como funcionario público, sino que además habilita la reproducción de discursos de odio, bullying y estigmatización. “¿Sabrá el Presidente del trabajo que se realiza a diario en escuelas e instituciones para erradicar el bullying?”, se preguntan en el texto.
El repudio también estuvo acompañado por una denuncia del grave contexto nacional que atraviesa el colectivo de personas con discapacidad, señalando que “el abandono, el silencio y el desamparo hacia el sector son totales”.
En ese sentido, se volvió a exigir que el Gobierno nacional declare la Emergencia en Discapacidad, dada la crítica situación de las prestaciones básicas —como hogares permanentes, terapias, apoyos escolares y formación laboral—, muchas de las cuales están en riesgo de desaparecer por la falta de actualización de aranceles, la burocracia administrativa y el escaso financiamiento. El comunicado subraya que el último aumento autorizado por la Superintendencia de Servicios de Salud fue de solo el 0,5% en diciembre de 2024, y que hoy existen profesionales que dejaron de trabajar con obras sociales y centros que enfrentan deudas millonarias.
“Frente a las expresiones de odio, reafirmamos nuestro compromiso con una lucha que es de todos y todas, y que debe ser acompañada por toda la sociedad”, concluye el documento emitido por el área municipal. La reacción se suma a un amplio repudio nacional por parte de organizaciones sociales, educativas, gremiales y de derechos humanos, que exigen respeto, justicia y políticas públicas que garanticen la dignidad de cada persona con discapacidad.
