Una vecina permanece en una casa cuyo propietario, su hermano, le otorgó permiso para habitarla, mientras denuncia amenazas de la expareja del dueño y cuestiona la actuación de la justicia.
Un nuevo caso de disputa por la posesión de una vivienda se registra en el barrio Los 700 Lotes de la localidad de 28 de Noviembre. Yohana Cardoso, hermana del propietario Lucas Cardoso, denunció públicamente que permanece en una casa con el consentimiento expreso de su hermano, tras ser ocupada previamente por su expareja, quien, según ella, impide el acceso tanto al dueño como a otros familiares. El caso tiene condimentos complejos: situaciones económicas precarias, medidas judiciales, denuncias cruzadas y presencia policial.
Joana expresó en diálogo con “El que calla otorga” que se encuentra dentro del domicilio por decisión de su hermano, quien le cedió el lugar en vista de su situación de vulnerabilidad. Sostiene que la anterior ocupante, madre del hijo del propietario, amenazó con nuevas restricciones judiciales para evitar el acercamiento de la familia, y denunció también que se dictaron perimetrales “sin causa ni amenazas”.
La vivienda está ubicada en la manzana 323, lote 4 del mencionado barrio, y según Yohana, su permanencia fue recomendada por un abogado. «Yo no me voy a retirar porque estoy ejerciendo el derecho de mi hermano como dueño. Él me dio su consentimiento», afirmó. La mujer también detalló que actualmente no tiene ingresos fijos y que su hermano colabora con la cuota alimentaria correspondiente a su hijo, pero se encuentra en situación de calle.
La tensión se incrementó con la presencia de la Policía, aunque no hubo orden de desalojo hasta el momento. Yohana manifestó estar dispuesta a dialogar con la Justicia si corresponde, pero reafirmó su permanencia hasta poder estabilizar su situación.
El caso evidencia una vez más la complejidad de las disputas familiares en torno a viviendas sin resolución judicial clara, dejando en el medio a menores y adultos en situaciones de alta vulnerabilidad, y resaltando la necesidad de una intervención institucional más sólida en conflictos habitacionales.
