El oficialismo logró la media sanción con 40 votos afirmativos; hubo incidentes en las afueras del Congreso
La Cámara alta dio media sanción a la modificación de la Ley 26.639 con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención. La iniciativa redefine el alcance de las zonas periglaciares protegidas y ahora será debatida en la Cámara de Diputados.
El oficialismo consiguió este jueves aprobar en el Senado la reforma a la Ley 26.639, norma que establece los presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial. El resultado —40 votos afirmativos, 31 rechazos y una abstención— desató celebraciones en los palcos del recinto, donde siguieron la sesión altos funcionarios del Gobierno nacional.
Entre quienes presenciaron la votación estuvieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.
La reforma era un compromiso asumido por el Gobierno con gobernadores de provincias cordilleranas que impulsan una legislación más flexible para facilitar inversiones en minería e hidrocarburos.
Qué cambia la reforma
El proyecto modifica el alcance de la protección en zonas periglaciares. Mientras la ley vigente desde 2010 protege tanto los glaciares visibles como las formaciones periglaciares —ecosistemas de alta montaña con suelos congelados que cumplen funciones clave en la regulación hídrica—, la nueva redacción introduce una distinción.
La iniciativa plantea diferenciar entre las formas periglaciares que cumplen funciones de reserva estratégica de recursos hídricos y aquellas que no tengan una función hídrica comprobable. En este último caso, podrían habilitarse actividades económicas bajo determinados parámetros.
Se mantiene la prohibición absoluta de actividades extractivas e industriales sobre glaciares, considerados bienes de interés público y reservas estratégicas de agua dulce.
Además, el proyecto crea el Inventario Nacional de Glaciares, cuya elaboración quedará a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), bajo la coordinación de la Secretaría de Energía, autoridad de aplicación de la norma.
Entre las actividades prohibidas en glaciares se encuentran la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, la liberación de contaminantes y obras de infraestructura que alteren su condición natural. En cambio, se permiten investigaciones científicas, rescates de emergencia y deportes no motorizados como el andinismo.
El debate: desarrollo vs. protección ambiental
Durante la sesión, el senador oficialista Agustín Coto (La Libertad Avanza) sostuvo que la reforma busca “armonizar la normativa” y terminar con ambigüedades jurídicas que, según argumentó, frenan inversiones.
Desde la oposición, el pampeano Daniel Pablo Bensusán (Justicialista) advirtió que el debate excede lo técnico y planteó que se está discutiendo si los intereses económicos de algunas provincias prevalecerán sobre el derecho al agua y al ambiente sano.
En la misma línea, Alicia Kirchner (Justicialista) consideró que el proyecto implica un “retroceso institucional”, mientras que Martín Soria cuestionó que la reforma responde a un modelo “primarizado” de desarrollo basado en la exportación de recursos naturales.
Por su parte, Patricia Bullrich (La Libertad Avanza) pidió superar lo que definió como una “falsa dicotomía” entre ambiente y trabajo. “No es agua o trabajo”, afirmó, y sostuvo que la norma mantiene intacta la protección de los glaciares.
Incidentes en la previa
Horas antes del inicio del debate se registraron incidentes en las inmediaciones del Congreso. Un grupo de activistas de Greenpeace intentó ingresar al Palacio Legislativo, lo que derivó en la detención de una docena de manifestantes.
También se reportó un episodio en el que un camarógrafo del canal A24 fue reprimido mientras registraba la actuación de las fuerzas de seguridad.
Lo que viene
Con la media sanción obtenida en el Senado, el proyecto será tratado en la Cámara de Diputados una vez iniciado el período de sesiones ordinarias. Allí se definirá si la reforma queda definitivamente aprobada o si se introducen modificaciones.
La discusión promete continuar con intensidad, en un escenario donde convergen intereses productivos, ambientales y federales.
