A través de redes sociales, el jefe comunal cuestionó la iniciativa enviada a la Cámara de Diputados y aseguró que las medidas propuestas representan un “ajuste al bolsillo de los trabajadores”.
Luego de que el Poder Ejecutivo provincial presentara en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que declara la emergencia económica, financiera y administrativa en Santa Cruz, el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, expresó públicamente su postura crítica a través de sus redes sociales.
En una publicación difundida en las últimas horas, el jefe comunal cuestionó las medidas incluidas en la iniciativa impulsada por el gobernador Claudio Vidal y manifestó su preocupación por el impacto que podrían tener en los trabajadores estatales y en el sistema previsional provincial.
“¿Vieron que era verdad?”, expresó Grasso al inicio de su mensaje, en el que sostuvo que el proyecto contempla un congelamiento de salarios y la implementación de un régimen de jubilaciones anticipadas, medidas que consideró perjudiciales en el contexto económico actual.
En su publicación, el intendente también hizo referencia a la situación inflacionaria y señaló que la eventual limitación a los aumentos salariales representaría, según su visión, un ajuste que recaería sobre los trabajadores. “¿Congelar sueldos con la inflación que hay? Mientras todo sube —la comida, el alquiler, los servicios—, se decide que el hilo se corte por lo más delgado: los trabajadores”, afirmó.
Otro de los puntos cuestionados por el jefe comunal fue el régimen de pasividad anticipada voluntaria incluido en el proyecto de ley. Grasso lo calificó como una “trampa previsional” y advirtió sobre las posibles consecuencias que, a su entender, podría tener para la Caja de Previsión Social y para el futuro de los trabajadores activos y jubilados.
Asimismo, el intendente sostuvo que no acompañará medidas que, según su interpretación, impliquen un retroceso en los derechos laborales dentro de la provincia. “La política tiene que estar al servicio de la gente, no para sacarle derechos”, manifestó.
El proyecto de emergencia económica, enviado recientemente a la Legislatura provincial por el Ejecutivo, propone una serie de medidas orientadas a reorganizar las finanzas públicas de Santa Cruz, entre ellas la revisión del gasto público, restricciones en la incorporación de personal al Estado y la creación de mecanismos para optimizar los recursos humanos dentro de la administración pública.
Tras su ingreso formal a la Cámara de Diputados, la iniciativa comenzará ahora su tratamiento legislativo, donde será analizada por los distintos bloques políticos. En ese marco, se espera que el debate incluya posicionamientos de distintos sectores del arco político provincial, en medio de un escenario marcado por la discusión sobre la situación fiscal de Santa Cruz y las medidas propuestas para afrontarla.
