La iniciativa enviada a la Cámara de Diputados propone reordenar el gasto público, limitar aumentos salariales sin respaldo presupuestario, suspender ingresos al Estado y crear un régimen de pasividad anticipada voluntaria.
El Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Cruz presentó ante la Honorable Cámara de Diputados de Santa Cruz un proyecto de ley que propone declarar la emergencia económica, financiera y administrativa del Estado provincial hasta el 31 de diciembre de 2026. La iniciativa plantea una serie de medidas orientadas a reorganizar las finanzas públicas, controlar el gasto y garantizar la continuidad de los servicios esenciales.
El proyecto ingresó formalmente durante la jornada en la Legislatura provincial y presenta características similares al borrador que se había filtrado semanas atrás sin firma oficial. En los fundamentos del documento, el Ejecutivo sostiene que la provincia atraviesa una situación de fragilidad fiscal, producto de una estructura de gasto público rígida que destina gran parte de los recursos al pago de salarios y prestaciones previsionales.
Según detalla el texto, esta situación dificulta la planificación financiera del Estado. “La Provincia atraviesa una situación de extrema fragilidad fiscal. El nivel de gasto público corriente presenta una rigidez estructural que no guarda relación con la evolución real de los recursos”, señala el proyecto elevado al Poder Legislativo.
El Gobierno provincial argumenta que este escenario no responde a una coyuntura puntual, sino a la acumulación de decisiones adoptadas durante años que generaron compromisos permanentes sin respaldo financiero sostenible. En ese contexto, la declaración de emergencia permitiría aplicar herramientas extraordinarias para ordenar las cuentas públicas y asegurar el funcionamiento de áreas esenciales como salud, educación y seguridad.
El Capítulo I del proyecto establece que la emergencia económica, financiera y administrativa alcanzará a todo el sector público provincial, incluyendo la administración central, organismos descentralizados y empresas o sociedades con participación estatal.
Durante este período, el Poder Ejecutivo tendrá facultades para reestructurar el gasto público, revisar estructuras administrativas y cargos, analizar regímenes de adicionales salariales, optimizar el uso de recursos humanos y revisar contratos, convenios y subsidios financiados por el Tesoro provincial.
Además, se prevé la creación de una comisión de seguimiento de la emergencia, integrada por representantes de los distintos bloques legislativos y un delegado del Ejecutivo, que tendrá como objetivo monitorear la aplicación de las medidas y garantizar la transparencia del proceso.
Uno de los puntos más sensibles del proyecto está vinculado con la política salarial del sector público. La iniciativa establece que no podrán aplicarse incrementos automáticos ni cláusulas de indexación salarial si no existen recursos disponibles para financiarlos.
De esta manera, cualquier acuerdo paritario deberá contar previamente con una certificación de disponibilidad presupuestaria emitida por el Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura. Asimismo, se instruye al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a garantizar que los acuerdos surgidos de negociaciones colectivas cumplan con esta condición.
Desde el Ejecutivo sostienen que el objetivo es evitar compromisos financieros que luego el Estado no pueda cumplir. En los fundamentos se aclara que la medida no busca desconocer la importancia del salario estatal, sino asegurar que los acuerdos puedan sostenerse en el tiempo.
El proyecto también contempla la suspensión de nuevas incorporaciones de personal al Estado provincial, salvo en situaciones excepcionales o en áreas consideradas críticas.
Entre las excepciones previstas se encuentran la incorporación de profesionales de la salud, la cobertura de vacantes indispensables y autorizaciones especiales otorgadas por el titular del Poder Ejecutivo.
A su vez, los organismos de Salud, Educación y Seguridad deberán elaborar en un plazo de 30 días un Plan de Priorización de Gastos y Compras, que clasificará las erogaciones en tres categorías: críticas o vitales, operativas necesarias y diferibles. El objetivo es priorizar los recursos en servicios esenciales y mejorar la eficiencia del gasto público.
El Capítulo II del proyecto introduce la creación de un Régimen de Pasividad Anticipada Voluntaria, destinado a trabajadores estatales que se encuentren a un máximo de cinco años de cumplir los requisitos para jubilarse.
Este mecanismo permitirá que los agentes dejen de prestar servicios efectivos, aunque mantendrán su condición de empleados activos del Estado. Durante ese período percibirán un porcentaje de su salario que variará según el tiempo restante para la jubilación, con un esquema que va del 75% del haber si resta un año hasta el 55% si faltan cinco años.
El régimen no implica una jubilación anticipada ni modifica el sistema previsional vigente, sino que se presenta como una transición hacia el retiro definitivo. Durante ese tiempo, el Estado continuará realizando los aportes correspondientes a la Caja de Previsión Social de Santa Cruz y a la Caja de Servicios Sociales.
La iniciativa establece que el régimen estará destinado exclusivamente a empleados de la administración central del Poder Ejecutivo y entidades centralizadas. Quedarán excluidos el personal docente, policías, agentes penitenciarios, profesionales de la salud, trabajadores con sumarios administrativos o procesos judiciales, y aquellos con deudas previsionales.
Aunque la adhesión será voluntaria, la aprobación final dependerá del Poder Ejecutivo, que evaluará cada solicitud en función de las necesidades del servicio. Además, los agentes que ingresen al sistema permanecerán en disponibilidad permanente, por lo que podrían ser convocados nuevamente si la administración lo considera necesario.
El proyecto establece que, en caso de ser aprobado, la ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. A partir de ahora, la iniciativa comenzará su tratamiento en la Legislatura provincial, donde será analizada por las distintas comisiones y bloques políticos.
Desde el Ejecutivo sostienen que el objetivo central de la propuesta es garantizar la sustentabilidad del Estado provincial y reorganizar las finanzas públicas en un contexto de restricciones fiscales.
“Este proyecto no desconoce derechos; procura garantizar que puedan seguir siendo cumplidos en el tiempo”, concluye el documento elevado a la Legislatura.
