Desde las 22 horas del martes 26 de mayo, un grupo de policías y penitenciarios autoconvocados de la provincia de Santa Cruz instaló una carpa-acampe frente a la Casa de Gobierno provincial en Río Gallegos, en reclamo de la apertura inmediata de las paritarias salariales. El referente de los retirados, Ramón Quipildor, dialogó con FM La Voz de la Cuenca y fue contundente: no se levantará la carpa hasta que se inicie el proceso paritario, y no se descarta llegar a una huelga policial si el gobierno no responde.
El reclamo de los autoconvocados no es nuevo. Desde el 8 de febrero, la mesa de la Unión Policial y Penitenciaria viene presentando notas formales al gobierno provincial solicitando audiencias y la apertura salarial. «Yo creo que perdí la cuenta, fueron 8 o 9 notas que entregamos pidiendo que nos atiendan. Nunca nos respondieron formalmente», afirmó Quipildor.
El camino fue tortuoso. El ex ministro de Seguridad Pedro Prodromos nunca los recibió. Con la llegada del nuevo jefe de gabinete, Luxen, lograron ser atendidos y obtuvieron la confirmación de que sus avales no tenían impugnaciones y estaban habilitados para sentarse en el Consejo de Salario, instancia creada durante la gobernación de Peralta. Sin embargo, la resolución formal que certifique esa habilitación nunca llegó.
El propio ministro de Economía había anunciado públicamente que en la segunda quincena de mayo se abrirían las paritarias para todos los gremios. «Hoy es 27 de mayo y no hay novedad de nada. Ahora están anunciando que no habrá paritarias hasta que no ingrese dinero mediante un préstamo o endeudamiento», denunció el referente policial.
Quipildor puso cifras concretas sobre la mesa para graficar la crisis. La canasta básica se ubica actualmente por encima de los $2.200.000 en Río Gallegos, con valores aún más altos en zonas como la Cuenca Carbonífera, Calafate, Pico Truncado y Caleta Olivia —donde ronda los $2.500.000—. El salario policial está muy lejos de esos números.
«En febrero, la Policía había perdido el 67% del poder adquisitivo. Hoy yo entiendo que es más, porque pasaron dos meses sin respuesta», remarcó. Las consecuencias son concretas: hay agentes a los que les cortaron el medidor de gas, otros que están al borde de perder sus viviendas. «Hay compañeros que están pasando muy mal. Somos seres humanos, tenemos familias», enfatizó Quipildor.
Los avales: más del 20% de activos, retirados y penitenciarios
Para poder participar del Consejo de Salario, el Decreto 212 exige representar al menos el 20% de los empleados mediante avales. La mesa de la Unión Policial y Penitenciaria superó ese umbral en los tres sectores:
•Retirados: 518 avales sobre un universo de 2.500•Activos: más de 2.100 avales sobre un total de 5.585 efectivos•Penitenciarios: más de 200 avales sobre aproximadamente 800 agentes
«Mucha gente que está de acuerdo no firmó por miedo. Los mismos jefes y la jefatura se encargaron de asustarles, diciéndoles que los iban a echar. Pero firmar un aval no es ningún delito, es lo mismo que apoyar a un club de barrio o una vecinal. Hay una ley de por medio», aclaró Quipildor.
El referente recordó que el último acuartelamiento significativo de la Policía santacruceña fue en 2012, cuando el sector logró importantes conquistas salariales y la creación del propio Consejo de Salario. Muchos agentes jóvenes en actividad no vivieron esa experiencia y son más susceptibles a las presiones institucionales.
El acampe, instalado desde la noche del martes frente a la Casa de Gobierno, es la respuesta ante el agotamiento de todas las vías administrativas. Simultáneamente, el Frente Sindical mantiene otra carpa a una cuadra, en la esquina de calle 25 de Mayo y Kirchner, frente al Ministerio de Economía.
«Hoy nosotros queremos que nos llame el gobernador y que nos dé una fecha de inicio de las paritarias. La única forma de que entremos a hablar con alguien es que ya estemos paritando. Si nos llaman para otra cosa, ni se molesten, no vamos a entrar», advirtió Quipildor.
Los referentes de la mesa son aproximadamente ocho activos encabezados por Víctor Cortés, y tres retirados con Quipildor a la cabeza. Cuentan además con referentes en cada localidad —incluyendo la Cuenca Carbonífera, Calafate, San Julián y Caleta Olivia— a quienes mantienen informados en tiempo real por WhatsApp, mensajes de texto y Facebook.
La advertencia más fuerte de la entrevista fue directa al poder político provincial: no se descarta una huelga policial.
«Eso que le quede bien claro. Queremos una respuesta concreta, no más huecas ni mentiras ni dilaciones», remarcó Quipildor. En caso de llegar a esa instancia, aclaró que se garantizarán las guardias mínimas para no dejar las calles desprotegidas.
El referente también señaló el deterioro generalizado de las condiciones de trabajo: falta de uniformes, armamento, chalecos, combustible y comisarías con superpoblación de detenidos con enfermedades. «El personal policial está siendo constantemente bastardeado, no solo en lo salarial», denunció.
El mensaje final fue de unidad hacia los compañeros de toda la provincia: «En 2012 nos unimos y conseguimos cosas históricas. Hoy estamos de vuelta en el mismo punto. No hay que tener miedo, porque el miedo es la herramienta que usan para frenarnos.»
