El intendente de Río Gallegos inició una recorrida por distintas dependencias municipales para informar a los trabajadores sobre el fallo judicial que habilita nuevas retenciones sobre la coparticipación. Sostiene que la medida compromete el pago de salarios, afecta los servicios públicos y vulnera la autonomía garantizada por la Constitución Provincial.
El conflicto entre el Municipio de Río Gallegos y el Gobierno de Santa Cruz por los recursos de coparticipación sumó un nuevo capítulo. Luego del fallo judicial que habilitó a la Provincia a retener fondos coparticipables —que se agregarían al 20% ya descontado por ley para la Caja de Previsión Social—, el intendente Pablo Grasso comenzó una recorrida por distintas dependencias municipales para informar de manera directa a los trabajadores sobre el alcance de la resolución y las consecuencias que, según la administración local, podría tener sobre el funcionamiento del Estado municipal.
Las primeras reuniones se desarrollaron con personal de la Dirección de Tránsito, la Secretaría de Planificación y Obras Públicas y el Juzgado Municipal de Faltas. Desde el Ejecutivo comunal adelantaron que los encuentros continuarán durante los próximos días hasta abarcar la totalidad de las áreas municipales, con el objetivo de explicar la situación financiera y responder las inquietudes de los empleados.
Durante las reuniones, Grasso sostuvo que la eventual aplicación de un nuevo descuento sobre la coparticipación afectaría de manera directa la capacidad económica del Municipio para afrontar compromisos esenciales, entre ellos el pago de salarios y el sostenimiento de los servicios públicos que presta diariamente a la comunidad.
El jefe comunal afirmó que el problema trasciende la discusión presupuestaria y se convierte en un debate institucional sobre el alcance de la autonomía de los municipios.
En ese sentido, argumentó que la medida resulta incompatible con el artículo 141 de la Constitución de la Provincia de Santa Cruz, que establece la protección de los recursos que corresponden a los gobiernos municipales. Según la interpretación del Ejecutivo local, la retención sobre fondos coparticipables vulnera esa garantía constitucional al afectar ingresos destinados al funcionamiento del Estado municipal.
Desde el Municipio insistieron en que la situación no debe analizarse únicamente como una controversia entre distintos niveles de gobierno, sino por sus posibles efectos sobre la comunidad.
La administración comunal sostiene que una reducción en los recursos disponibles podría repercutir en la capacidad de sostener servicios esenciales y cumplir con las obligaciones salariales, generando incertidumbre entre los trabajadores municipales y preocupación por el impacto que podría tener en la prestación de servicios para los vecinos.
«Los recursos de Río Gallegos son de los vecinos de Río Gallegos. Quitarle esos fondos al Municipio significa poner en riesgo el salario de los trabajadores y el funcionamiento de servicios esenciales», señalaron desde el Ejecutivo municipal durante los encuentros mantenidos con el personal.
La recorrida impulsada por el intendente busca, además, mantener un canal de información directa con los empleados municipales en medio de un escenario de tensión institucional que permanece abierto y que podría derivar en nuevas instancias administrativas y judiciales.
El debate sobre la coparticipación vuelve así a instalar una discusión de fondo sobre la relación financiera entre la Provincia y los municipios, la distribución de los recursos públicos y los límites de la autonomía municipal establecidos por la Constitución santacruceña.
Mientras el conflicto continúa, el Municipio de Río Gallegos ratificó que sostendrá todas las acciones institucionales que considere necesarias para defender los recursos que, según su postura, pertenecen a la ciudad y garantizan el funcionamiento de la administración local, el pago de salarios y la continuidad de los servicios públicos.
