El abogado laboralista León Obregón respaldó el planteo del Colegio Público de la Abogacía de Santa Cruz y reclamó que el proceso de selección garantice transparencia, objetividad, acceso a la información y fundamentación de las evaluaciones. “Cuanto más importante sea el cargo, mayor tiene que ser la transparencia”, sostuvo.
El proceso de selección destinado a cubrir el cargo de Juez de Instrucción Penal de Río Turbio comenzó a generar cuestionamientos y preocupación dentro del ámbito jurídico de Santa Cruz. En este contexto, el abogado laboralista León Obregón expresó su respaldo al planteo realizado por el Colegio Público de la Abogacía de Santa Cruz y advirtió sobre la necesidad de que el concurso se desarrolle bajo criterios claros de transparencia, objetividad e imparcialidad.
Para el letrado, las dudas planteadas en torno al procedimiento no constituyen una cuestión que deba quedar restringida exclusivamente al ámbito profesional.
Obregón sostuvo que la discusión “no es un problema solamente de abogados”, ya que el cargo que está en proceso de definición involucra una función central dentro del sistema judicial y tiene consecuencias directas sobre la vida y los derechos de los ciudadanos.
El abogado hizo referencia al reclamo formulado por el Colegio Público de la Abogacía, que planteó la necesidad de contar con mayor transparencia, acceso a la información, fundamentación de las calificaciones y una revisión de los mecanismos utilizados durante las entrevistas personales.
La importancia de elegir a un juez penal
Obregón puso especial énfasis en la naturaleza del cargo que se encuentra en disputa.
“Cuando hablamos de elegir un juez penal estamos hablando de una de las funciones más sensibles del Estado”, remarcó.
En ese sentido, explicó que quien finalmente ocupe el Juzgado deberá intervenir en decisiones de enorme trascendencia, entre ellas aquellas relacionadas con la libertad de las personas, la investigación de delitos y la aplicación de las normas penales.
Por esa razón, consideró que el proceso de selección de un magistrado debe ofrecer garantías suficientes para que tanto los profesionales que participan como la sociedad puedan conocer bajo qué criterios se evalúa a cada postulante.
El planteo apunta a evitar que un concurso destinado a seleccionar a quien tendrá una responsabilidad judicial de semejante relevancia quede atravesado por dudas vinculadas con posibles criterios discrecionales o favoritismos.
No se trata solamente, sostuvo Obregón, de determinar quién obtiene un mejor resultado dentro de una evaluación, sino de preservar la legitimidad de todo el procedimiento.
Una Justicia que genere confianza en la Cuenca
El abogado también vinculó el proceso de selección con una demanda histórica de la comunidad de Río Turbio y de la Cuenca Carbonífera: contar con una Justicia independiente, cercana y capaz de generar confianza entre los vecinos.
En ese contexto, señaló que la legitimidad de quien finalmente sea designado no dependerá únicamente de su trayectoria profesional o de sus conocimientos técnicos, sino también de la confianza que pueda construir la propia comunidad en torno al proceso que permitió su llegada al cargo.
Obregón expresó, al mismo tiempo, su respeto por todos los profesionales que participaron del concurso, particularmente por aquellos abogados que desarrollan cotidianamente su actividad en los tribunales y conocen de primera mano las dificultades que atraviesan quienes recurren al sistema judicial.
“Ellos también merecían atravesar un concurso transparente, objetivo e imparcial”, sostuvo.
Las observaciones sobre el mecanismo de selección, agregó, no deberían interpretarse como un cuestionamiento individual hacia los postulantes, sino como una discusión sobre las condiciones y garantías que debe ofrecer el procedimiento.
La experiencia de los abogados litigantes
Desde su experiencia como abogado litigante, Obregón también destacó el valor que puede tener para la magistratura el conocimiento directo de la realidad cotidiana de los tribunales.
El contacto permanente con expedientes, audiencias, profesionales y ciudadanos permite conocer de cerca los tiempos de la Justicia y las dificultades concretas que aparecen durante los procesos judiciales.
En ese sentido, planteó que la selección debería contemplar de manera objetiva la trayectoria, los conocimientos, la preparación y las capacidades de cada postulante, dentro de un sistema que permita justificar claramente las decisiones adoptadas.
La discusión vuelve así sobre uno de los puntos centrales del reclamo: cómo se construyen los órdenes de mérito y de qué manera se fundamentan las evaluaciones realizadas a cada candidato.
El Consejo de la Magistratura y el papel de la Legislatura
La mirada de Obregón también se proyectó sobre las próximas etapas del proceso.
El Consejo de la Magistratura tendrá a su cargo la definición del orden de mérito y la conformación de la terna que será elevada al Poder Ejecutivo provincial. A partir de allí, comenzará otra instancia de análisis vinculada con la propuesta y el posterior tratamiento legislativo.
En este punto, el abogado puso la mirada sobre los diputados provinciales y, particularmente, sobre quienes representan a la Cuenca Carbonífera.
Obregón sostuvo que los legisladores tendrán “la enorme responsabilidad de preguntar, controlar y no mirar para otro lado” cuando llegue el momento de analizar los pliegos.
La afirmación plantea una cuestión que excede la discusión jurídica: cuál será el nivel de control político e institucional que ejercerán los representantes de la comunidad cuando el proceso llegue a la Legislatura.
Para el letrado, el análisis de los antecedentes y las condiciones de los candidatos no debería limitarse a una instancia formal, sino que debería permitir despejar cualquier duda que pueda existir respecto del procedimiento.
Transparencia como condición de legitimidad
El reclamo instalado alrededor del concurso también abre una discusión más amplia sobre los mecanismos utilizados para seleccionar magistrados.
La elección de un juez no solamente determina quién ocupará un despacho judicial. Define quién tendrá durante años la responsabilidad de intervenir sobre conflictos, investigaciones penales y derechos fundamentales de los ciudadanos.
Por eso, para Obregón, la transparencia no debería ser entendida como un requisito accesorio, sino como una condición indispensable para otorgarle legitimidad al resultado.
Las observaciones planteadas por el Colegio Público de la Abogacía podrían, además, convertirse en una oportunidad para revisar procedimientos y fortalecer futuras convocatorias, incorporando mecanismos que permitan mayor publicidad, acceso a la información y fundamentación de cada instancia de evaluación.
“Cuanto más importante sea el cargo, mayor tiene que ser la transparencia”, afirmó Obregón.
Y resumió su posición con una definición que coloca el debate nuevamente en el centro de la ciudadanía: “Elegir bien a nuestros jueces también es defender los derechos de los ciudadanos”.
El proceso para definir al próximo Juez de Instrucción Penal de Río Turbio continuará, por lo tanto, bajo la mirada no sólo de los profesionales del Derecho, sino también de una comunidad que espera que quien finalmente llegue al cargo lo haga respaldado por un procedimiento claro, objetivo y capaz de generar confianza.
