El diputado por el pueblo de Río Gallegos reclamó que la Legislatura de Santa Cruz avance con el tratamiento del proyecto de Desendeudamiento Familiar y Personal, que permanece en comisiones. La iniciativa propone refinanciar deudas de consumo, establecer una tasa nominal anual máxima del 35% y limitar al 30% de la remuneración bruta los descuentos por obligaciones financieras de los empleados públicos.
El endeudamiento de los trabajadores estatales volvió a instalarse en la agenda legislativa de Santa Cruz. En este contexto, el diputado por el pueblo de Río Gallegos, Echazú, reclamó que se avance con el tratamiento del proyecto de Ley de Desendeudamiento Familiar y Personal, una iniciativa presentada desde el bloque Unión por la Patria que actualmente permanece en las comisiones de la Cámara de Diputados.
El legislador advirtió sobre las dificultades económicas que atraviesan numerosas familias santacruceñas, cuyos ingresos se ven comprometidos por descuentos de préstamos, tarjetas de crédito y otras obligaciones financieras. Según planteó, existen trabajadores que, después de cumplir con sus jornadas laborales durante todo el mes, llegan al momento de cobrar sus haberes sin disponer de dinero suficiente para afrontar los gastos cotidianos.
“Cada fin de mes hay familias que viven con la incertidumbre de no saber cuánto dinero van a tener disponible. Detrás de cada salario hay necesidades que cubrir, alimentos que comprar y servicios que pagar. Esta situación no puede seguir siendo una realidad cotidiana para tantos santacruceños”, expresó.
¿Qué propone el proyecto de desendeudamiento?
La iniciativa legislativa contempla una serie de herramientas destinadas a reorganizar las obligaciones financieras de las familias y evitar que los descuentos absorban una parte excesiva de los salarios.
Entre los principales puntos del proyecto se encuentran:
- Refinanciación de deudas de consumo: establece mecanismos para reorganizar las obligaciones financieras de las personas endeudadas.
- Tasa de interés: propone una tasa nominal anual máxima del 35%.
- Plazo de financiación: contempla un mínimo de 24 cuotas.
- Límite a los descuentos salariales: establece que las retenciones por obligaciones financieras de los empleados del sector público no superen el 30% de la remuneración bruta.
De acuerdo con los fundamentos de la propuesta, estas medidas buscan garantizar que los trabajadores puedan conservar una parte de sus ingresos para cubrir alimentación, vivienda, servicios, medicamentos y otras necesidades esenciales.
Echazú sostuvo que el objetivo no es desconocer las obligaciones económicas de quienes contrajeron deudas, sino generar condiciones que permitan cumplir con ellas sin comprometer la subsistencia familiar.
“No estamos hablando de personas que no quieren pagar sus deudas, sino de familias que necesitan recuperar parte de sus ingresos para poder vivir. No puede ser que después de trabajar todo el mes no tengan dinero para llevar a sus casas”, manifestó.
Reclaman que la Legislatura avance con el tratamiento
Finalmente, el diputado reiteró su pedido para que las comisiones legislativas comiencen a avanzar con el análisis de la iniciativa y se abra el debate sobre una problemática que afecta a trabajadores y familias de distintos sectores de Santa Cruz.
El proyecto todavía debe atravesar el tratamiento legislativo correspondiente, mientras persisten los reclamos vinculados al impacto de los descuentos bancarios y financieros sobre los salarios estatales.
“Mientras esta iniciativa sigue esperando su tratamiento, hay familias que todos los meses enfrentan la misma angustia. La Legislatura tiene que dar una respuesta y el desendeudamiento familiar debe ser una prioridad”, concluyó el legislador.
