El secretario general del gremio, David Catrihuala, afirmó que la reunión prevista con autoridades de la Cámara de Diputados no avanzó y que la patronal cuestionó su representación a partir de una exposición policial. APEL reclama una recomposición salarial y presentó un amparo sindical, según indicó el dirigente.
El secretario general de APEL, David Catrihuala, denunció que la última reunión paritaria de los trabajadores legislativos de Santa Cruz terminó sin una discusión salarial, luego de que las autoridades se retiraran de la mesa. El gremio anticipó que solicitará una nueva convocatoria y que presentó un amparo sindical ante la Justicia.
En una entrevista por FM 105.1 “La Voz de la Cuenca”, Catrihuala sostuvo que el encuentro estaba previsto en el marco de la Ley 3021, que regula la negociación paritaria del sector. Según su relato, la representación patronal objetó su participación como secretario general y cuestionó la representación sindical a partir de una exposición policial realizada por un funcionario.
La versión sobre lo ocurrido corresponde al dirigente gremial. En la entrevista no se escuchó la respuesta de las autoridades de la Cámara de Diputados ni del vicegobernador Fabián Leguizamón.
Catrihuala señaló que APEL llegó a la reunión con el reclamo de una recomposición salarial. Explicó que los trabajadores legislativos cobraron durante noviembre el último tramo del 3% previsto en el acuerdo salarial de mitad de año y que, según los cálculos del gremio, los salarios acumulan un retraso del 5,8% frente al IPC nacional.
El dirigente no detalló un porcentaje concreto de aumento solicitado en esta instancia. Dijo que el sindicato busca evitar que continúe la pérdida del poder adquisitivo y que la negociación también aborde asuntos laborales pendientes.
“Lo que no queremos es resignar el poder adquisitivo”, sostuvo Catrihuala, quien consideró que la discusión debe mantenerse abierta aunque la Provincia atraviese dificultades financieras.
Según Catrihuala, durante la reunión se planteó que una exposición policial del director de Recursos Humanos contra él podía ser utilizada para cuestionar su representación gremial. El dirigente calificó el argumento como improcedente y afirmó que, tras ese planteo, las autoridades se retiraron de la mesa.
El secretario general sostuvo que la conducción de APEL fue elegida por los trabajadores y que el cuestionamiento a su participación impedía discutir tanto los salarios como otros temas laborales.
También afirmó que, desde que asumió, hace casi seis meses, no se le habría reconocido la licencia gremial con goce de haberes. El dirigente calificó esa situación como un obstáculo para desarrollar sus funciones sindicales.
Catrihuala anticipó que el gremio presentará una nota para solicitar la nueva conformación de la mesa paritaria y establecer otra fecha de negociación. Indicó que APEL continuará con los procedimientos administrativos y que ya inició un amparo sindical, cuya resolución espera.
El dirigente sostuvo que la reunión no sólo terminó sin una propuesta salarial, sino que tampoco habría quedado asentado formalmente un motivo que, a criterio del sindicato, justificara el levantamiento de la mesa.
Además de los salarios, APEL quiere discutir cuestiones laborales. Catrihuala describió como un problema la situación de trabajadores que cumplen funciones en un anexo de la Legislatura, edificio que, según dijo, fue destinado a personal con el que habría diferencias con la conducción de la Cámara.
El secretario general cuestionó los gastos de alquiler, movilidad y servicios vinculados a ese espacio, y sostuvo que deberían revisarse en el contexto económico actual. También dijo que el sindicato había solicitado información sobre la estructura orgánica de la Legislatura y que logró acceder a ella por otra vía.
Catrihuala afirmó que esa documentación mostraría un crecimiento de cargos jerárquicos y políticos. Se trata de su evaluación sobre la estructura institucional; durante la entrevista no se presentó el documento ni se obtuvo una respuesta de las autoridades legislativas.
El dirigente indicó que la planta permanente de la Cámara de Diputados cuenta con alrededor de 343 trabajadores, según el número que figura en el presupuesto, y señaló que a ellos se suma personal de bloques, de Presidencia y de otras áreas.
APEL sostiene que debe poder representar a sus afiliados en las negociaciones y que la paritaria es el ámbito formal para debatir salarios y condiciones laborales. El gremio espera que la próxima convocatoria permita retomar la discusión.
