Los legisladores del bloque Unión por la patria cuestionaron los criterios de distribución de los recursos provinciales y advirtieron sobre posibles condicionamientos políticos en la asistencia financiera a las localidades. También reclamaron información sobre el fondo UNIRSE, cuyo saldo estimado rondaría los $98.000 millones, y rechazaron el endeudamiento en dólares impulsado por el Ejecutivo provincial.
En medio de la delicada situación económica que atraviesa la Cuenca Carbonífera y de la creciente tensión entre el Gobierno provincial y distintos municipios de Santa Cruz, los legisladores de Unión por la Patria difundieron un duro comunicado en el que cuestionaron la distribución de los recursos públicos y advirtieron sobre lo que consideran un mecanismo de presión política hacia los intendentes que no acompañan las iniciativas del gobernador.
“La coparticipación no es plata del gobernador, son recursos de los municipios; no puede utilizarlos para disciplinar a los intendentes”, sostuvieron los legisladores, al poner en discusión el manejo de los fondos provinciales y los criterios utilizados para asistir financieramente a las distintas localidades.
Desde el bloque señalaron que la discusión sobre la situación económica de los municipios no puede quedar reducida al acompañamiento o rechazo de una ley, en referencia al proyecto de endeudamiento en dólares que impulsa el Poder Ejecutivo. En ese sentido, alertaron sobre un escenario en el que la asistencia financiera podría convertirse en una herramienta de negociación política, condicionando los recursos de las localidades a su posicionamiento frente al Gobierno.
Los diputados remarcaron que la Provincia no puede establecer una política de asistencia para los municipios que acompañan al gobernador y otra para aquellos que mantienen una posición política diferente. Consideraron especialmente preocupante que las necesidades económicas de las comunidades puedan quedar sujetas a la aprobación de una deuda que, según advirtieron, podría comprometer el futuro de todos los santacruceños.
“No se puede hipotecar ese futuro para resolver las urgencias políticas de una gestión que ya tiene fecha de salida”, expresaron.
El fondo UNIRSE, en el centro de los cuestionamientos
Uno de los principales puntos del comunicado estuvo dirigido al manejo de los recursos provinciales y extrapresupuestarios. Para los legisladores, el Ejecutivo presenta el endeudamiento como si fuera la única salida posible frente a las dificultades financieras, cuando existen fondos cuya ejecución, distribución y destino todavía deben ser explicados.
En ese contexto, pusieron como ejemplo al fondo UNIRSE, que registraría un saldo aproximado de $98.000 millones, de los cuales alrededor de $49.000 millones corresponderían a la participación municipal.
A partir de estos números, reclamaron conocer cuánto dinero fue ejecutado, qué monto permanece disponible y cuáles son los motivos por los que esos recursos no llegan de manera equitativa a todas las localidades de la provincia.
La preocupación también alcanza a la asistencia financiera que reciben los municipios. Los legisladores señalaron que Caleta Olivia cuenta con acompañamiento provincial para afrontar el pago de salarios y aclararon que consideran correcto que se brinde esa ayuda. Sin embargo, plantearon la necesidad de conocer cuáles son los criterios utilizados para otorgarla y qué asistencia reciben localidades como Río Turbio y 28 de Noviembre, que atraviesan una compleja situación económica.
Rechazo al endeudamiento sin información ni controles
En otro tramo del pronunciamiento, los diputados fueron contundentes al señalar que los municipios no pueden ser considerados dependencias del Gobierno provincial y que la Legislatura tiene la responsabilidad de ejercer controles antes de autorizar operaciones financieras de semejante magnitud.
“Los municipios no son dependencias del Ejecutivo provincial. Y la Legislatura no puede entregar una autorización de endeudamiento de esta magnitud sin información ni controles”, afirmaron.
Asimismo, reclamaron que la Provincia garantice los recursos que corresponden a cada municipio y establezca mecanismos de asistencia transparentes, con criterios claros y equitativos, especialmente cuando las transferencias ordinarias resultan insuficientes para afrontar las obligaciones locales.
La advertencia hacia el futuro de Santa Cruz
Finalmente, los legisladores pusieron el foco en las consecuencias que podría tener el endeudamiento sobre las próximas administraciones provinciales. Recordaron que el actual Gobierno finalizará su mandato en diciembre de 2027 y advirtieron que las decisiones financieras que se adopten en el presente tendrán impacto sobre las gestiones futuras y sobre el conjunto de la sociedad santacruceña.
“En diciembre de 2027 se va este gobierno. La provincia que viene no puede recibir una deuda de esta magnitud sin conocer qué se hizo con los recursos y qué compromisos se asumieron”, expresaron.
El comunicado concluyó con un posicionamiento político e institucional: defender los salarios y los derechos de los trabajadores, impedir que los recursos municipales sean utilizados como herramientas de disciplinamiento y evitar que Santa Cruz asuma compromisos financieros que puedan condicionar su futuro.
De esta manera, Unión por la Patria profundizó sus cuestionamientos al manejo de los recursos provinciales y puso sobre la mesa una discusión que adquiere especial relevancia para la Cuenca Carbonífera: cómo se distribuye la asistencia financiera, qué fondos están disponibles y por qué municipios como Río Turbio y 28 de Noviembre deben afrontar sus dificultades económicas en medio de un escenario de creciente incertidumbre.
