La medida se implementará junto a Banco Santa Cruz e incluirá meses de gracia, tasas preferenciales y cuotas de hasta 72 meses para casi 5.000 familias.
El Gobierno de Santa Cruz, anunció un nuevo programa destinado a aliviar el endeudamiento de empleados públicos provinciales mediante una acción conjunta con Banco Santa Cruz.
La iniciativa apunta a brindar una solución concreta a miles de trabajadores estatales que hoy atraviesan situaciones de fuerte compromiso financiero, en un escenario nacional donde gran parte de las familias argentinas debe recurrir al crédito para cubrir gastos básicos mensuales.
Según se informó oficialmente, cerca de 5.000 familias santacruceñas podrán acceder a este esquema de refinanciación, que comenzará a aplicarse a partir de abril.
El programa contempla la cancelación o refinanciación de deudas tomadas en años anteriores bajo nuevas condiciones financieras considerablemente más favorables.
Entre los principales beneficios se destacan dos meses consecutivos de gracia, período durante el cual los beneficiarios no deberán afrontar pagos vinculados a estos compromisos financieros.
Además, se aplicarán tasas de interés fijas y sensiblemente inferiores a las actuales, permitiendo que las cuotas resulten más accesibles y previsibles.
El plazo máximo previsto para la refinanciación será de hasta 72 meses, lo que permitirá distribuir el impacto económico en el tiempo y reducir la carga mensual sobre los salarios.
La medida estará orientada especialmente a deudas que actualmente se descuentan directamente de las cajas de ahorro donde se acreditan los haberes salariales.
Esto incluye saldos de tarjetas de crédito y cuotas de préstamos bancarios ya vigentes.
Uno de los sectores prioritarios serán aquellos trabajadores cuyos descuentos superan el 75 por ciento del salario depositado, situación considerada de alta vulnerabilidad financiera.
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que el objetivo es transformar las decisiones financieras en herramientas de alivio concreto para la vida cotidiana de los trabajadores.
La medida forma parte de una estrategia económica más amplia que busca amortiguar el impacto de la actual coyuntura económica sobre los ingresos familiares.
En paralelo, el Gobierno provincial también trabaja junto a Banco Santa Cruz en una línea específica destinada a pequeñas y medianas empresas vinculadas a la construcción.
En este caso, la herramienta estará dirigida a firmas que mantienen actividad con el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda.
El mecanismo permitirá utilizar certificados de avance de obra como respaldo financiero para mejorar la liquidez inmediata de las empresas.
De esta manera, las pymes podrán negociar esos certificados con la entidad bancaria y acceder a financiamiento en mejores condiciones.
Desde el Gobierno provincial remarcaron que el trabajo articulado con el banco busca sostener herramientas concretas de desarrollo económico en un contexto complejo para la provincia.
También señalaron que, pese al escenario de emergencia económica vigente, se continúa priorizando la implementación de medidas orientadas a proteger el bolsillo de los santacruceños.
