El intendente de Río Gallegos participó junto a jefes comunales de todo el país en una presentación formal ante el Ministerio de Economía para exigir medidas urgentes.
El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, formó parte este martes de un fuerte reclamo federal impulsado por intendentes de distintas provincias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se exigieron medidas concretas para reducir el precio de los combustibles y reactivar la obra pública en el interior del país.
La actividad se desarrolló en la sede de la Asociación de Ex Alumnos del Colegio de Buenos Aires, ubicada en Moreno 590, donde los jefes comunales firmaron un documento conjunto dirigido al Ministerio de Economía de la Nación Argentina. En el escrito, los dirigentes manifestaron su preocupación por el impacto que generan los altos costos de la nafta en las economías regionales, afectando tanto a la producción como al consumo en las ciudades del interior.
Asimismo, se advirtió sobre la paralización de la obra pública, considerada clave para el desarrollo de infraestructura, la generación de empleo y la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos. En ese marco, los intendentes coincidieron en la necesidad de una respuesta urgente por parte del Gobierno nacional que contemple las realidades de las distintas regiones del país.
Tras la firma del documento, los participantes se movilizaron a pie hacia el Ministerio de Economía, en una acción simbólica que buscó visibilizar el reclamo. Posteriormente, realizaron una foto institucional frente a la Casa Rosada, como gesto de unidad y federalismo ante la situación económica actual.
La jornada continuó con la participación en un encuentro de la Federación Argentina de Municipios (FAM), donde se profundizó el análisis sobre el contexto económico y el impacto directo de las políticas nacionales en las administraciones locales.
Durante su intervención, Grasso sostuvo que es fundamental “defender los intereses de nuestras comunidades, exigir igualdad de condiciones para el interior del país y garantizar que los recursos lleguen donde tienen que llegar: a la gente y a las obras que mejoran su calidad de vida”.
El reclamo se enmarca en un escenario de creciente preocupación por parte de los gobiernos municipales, que ven limitada su capacidad de respuesta ante la caída de la obra pública y el aumento de costos operativos, en especial en regiones alejadas de los grandes centros urbanos.
