La diputada provincial María Agostina Mora presentó una iniciativa que busca evitar que las retenciones de fondos coparticipables afecten el pago de salarios y la prestación de servicios. El proyecto propone suspender hasta diciembre de 2027 los descuentos previstos por la Ley 1782 y establecer una mesa de diálogo entre Provincia, municipios y comisiones de fomento.
Con la reactivación de la actividad legislativa en Santa Cruz, volvió al centro del debate uno de los principales conflictos entre el Gobierno provincial y los municipios: las deudas previsionales y las retenciones de recursos coparticipables. En ese escenario, la diputada provincial María Agostina Mora impulsa un proyecto de ley destinado a establecer un mecanismo de regularización que permita afrontar las obligaciones con la Caja de Previsión Social sin poner en riesgo las finanzas de las administraciones locales.
La iniciativa parte de una premisa que la legisladora sintetizó de manera contundente: “Las deudas se tienen que pagar, pero el costo no puede recaer sobre los santacruceños”.
El planteo adquiere especial relevancia en un contexto en el que distintos municipios advierten que las retenciones automáticas sobre sus recursos pueden comprometer el cumplimiento de obligaciones básicas, particularmente el pago de salarios y la continuidad de servicios esenciales.
Mora aclaró que su proyecto no elimina las obligaciones previsionales de los municipios ni plantea que las administraciones locales dejen de pagar sus compromisos con la Caja de Previsión Social.
Por el contrario, propone generar un período de regularización que permita ordenar las deudas acumuladas mediante un esquema con plazos, condiciones y reglas que puedan ser efectivamente cumplidas por los gobiernos locales.
La propuesta contempla suspender hasta el 31 de diciembre de 2027 las retenciones sobre los recursos municipales previstas en el artículo 22 de la Ley Provincial N.º 1782.
Durante ese período se plantea establecer una moratoria para que los municipios puedan avanzar en la regularización de sus obligaciones, acompañada por la suspensión de intereses, multas y recargos.
El objetivo es evitar que el mecanismo utilizado para cobrar las deudas termine profundizando la propia situación financiera de los municipios.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa está relacionado con el destino de los recursos coparticipables.
Para la legisladora, una retención que se aplica sin un esquema de diálogo y planificación puede terminar generando un efecto negativo sobre toda la comunidad.
“Una retención realizada sin diálogo ni acuerdo puede afectar la capacidad de una localidad para pagar salarios, sostener servicios y responder a las necesidades de su comunidad”, sostuvo Mora.
El planteo coloca nuevamente sobre la mesa la discusión acerca de hasta dónde puede avanzar la Provincia sobre los recursos que reciben los municipios para garantizar su funcionamiento cotidiano.
La cuestión no se limita a una discusión contable. Detrás de cada porcentaje retenido aparecen compromisos concretos: salarios municipales, recolección de residuos, mantenimiento urbano, obras, asistencia social, servicios y funcionamiento de las estructuras administrativas.
Otro aspecto incluido en el proyecto establece que los recursos municipales que ya hayan sido retenidos por el Gobierno provincial sean contabilizados dentro del esquema de regularización.
La iniciativa plantea además un plazo de 30 días para avanzar en un nuevo sistema de distribución y cumplimiento de las obligaciones previsionales.
Para alcanzar ese objetivo, se propone conformar una mesa de trabajo integrada por representantes del Gobierno provincial, los municipios y las comisiones de fomento.
La intención es que el problema pueda ser abordado mediante una negociación institucional y no exclusivamente a través de mecanismos de retención automática.
El proyecto de Mora llega en momentos en que la relación entre el Gobierno provincial y varias administraciones municipales atraviesa una etapa de fuerte tensión por las deudas previsionales.
La discusión tiene además una dimensión política: qué parte del costo de las deudas acumuladas debe asumir cada jurisdicción y de qué manera garantizar que el cumplimiento de esas obligaciones no termine afectando directamente a los vecinos.
Desde la perspectiva planteada por la diputada, ordenar las cuentas no significa solamente exigir el pago de las deudas. También implica construir las condiciones para que quienes deben pagar puedan hacerlo sin quedar imposibilitados de cumplir con sus responsabilidades inmediatas.
La propuesta buscará ahora avanzar en el ámbito legislativo y abrir una discusión que involucra directamente a intendentes, comisiones de fomento, Provincia y organismos previsionales.
El desafío será encontrar un punto de equilibrio entre el derecho de la Caja de Previsión Social a percibir los recursos que le corresponden y la necesidad de preservar la autonomía financiera y operativa de los gobiernos locales.
En definitiva, el debate vuelve a instalar una pregunta que atraviesa a toda Santa Cruz: ¿cómo se ordenan las deudas de las administraciones públicas sin que el costo del ajuste termine trasladándose a los trabajadores y vecinos de cada localidad?
