Cuatro gigantes de la industria tabacalera firmaron en 1998 un acuerdo con los fiscales generales de 52 Estados de EE UU en virtud del cual pagarían en los siguientes años más de 200.000 millones de dólares para financiar tratamientos sanitarios a fumadores. Se les acusaba de promover y comercializar productos nocivos para la salud, especialmente entre los menores. El acuerdo incluyó también fuertes restricciones publicitarias, desde la limitación de la cartelería a la prohibición de mostrar a personas fumando. Supuso un golpe importante para su negocio y se consideró un triunfo de la sociedad civil ante algunas de las mayores compañías del mundo.
El ‘momento tabacaleras’ de las redes: claves de un acuerdo histórico que marcará el futuro de las plataformas
