La FESC, la CCIA y empresarios hoteleros y gastronómicos reclamaron “igualdad de condiciones” y advirtieron sobre una posible competencia desigual. El principal planteo apunta a la amplitud de rubros en los que está inscripta Santa Cruz Puede SAU, su financiamiento y el respaldo institucional del Estado provincial.
La discusión sobre el rol de Santa Cruz Puede SAU volvió a instalarse en el centro de la escena económica santacruceña. La Federación Económica de Santa Cruz (FESC), la Cámara de Comercio, Industria y Afines de Río Gallegos (CCIA) y la Asociación de Empresarios Hoteleros, Gastronómicos y Afines de Río Gallegos salieron públicamente a responder a una solicitada difundida por el Directorio de la empresa estatal y plantearon una serie de cuestionamientos vinculados con su funcionamiento, su financiamiento y, fundamentalmente, con las condiciones en las que participa del mercado frente a las pequeñas y medianas empresas privadas.
La controversia pone sobre la mesa una discusión que excede a una empresa en particular: ¿hasta dónde debe llegar el Estado cuando participa directamente en actividades económicas en las que ya existen comercios, prestadores y pymes privadas?
Las entidades empresariales sostienen que el problema no radica únicamente en la existencia de una empresa estatal, sino en las condiciones en las que ésta desarrolla sus actividades. Según plantearon, Santa Cruz Puede SAU cuenta con infraestructura, capital y respaldo institucional del Estado provincial, mientras que los empresarios privados deben afrontar con recursos propios los costos de inversión, impuestos, habilitaciones, salarios, servicios y los riesgos propios de cualquier emprendimiento comercial.
Una empresa estatal en múltiples rubros
Uno de los principales puntos de la presentación empresarial está relacionado con la amplitud de actividades en las que aparece inscripta Santa Cruz Puede SAU como proveedora del Estado provincial.
Las entidades señalaron que la empresa figura en numerosos rubros que abarcan actividades muy diversas: verdulería, carnicería, panadería, farmacia, textiles, mueblería, informática, gomería y talleres mecánicos, entre otros.
Para el sector privado, esta amplitud genera interrogantes respecto del verdadero alcance de la empresa estatal y sobre cuáles serán sus límites dentro del mercado provincial.
La pregunta que atraviesa el planteo empresario es concreta: si una empresa respaldada por el Estado puede participar simultáneamente en múltiples mercados y, además, venderle al propio Estado, ¿en qué condiciones compite con una pyme que depende exclusivamente de sus ingresos comerciales?
Desde las cámaras sostienen que la discusión debe ser abordada desde el principio de igualdad de condiciones.
Habilitaciones y reglas para todos
Otro de los cuestionamientos formulados apunta a las habilitaciones comerciales y sanitarias de algunos de los emprendimientos vinculados a Santa Cruz Puede SAU.
Las organizaciones empresariales reclamaron que, si la empresa estatal participa de actividades comerciales, productivas o de servicios, debe cumplir con los mismos requisitos que se les exige a los empresarios y comerciantes privados.
La cuestión no es menor para un sector que viene reclamando alivio frente a una situación económica compleja. Una pyme debe atravesar procesos de habilitación, controles, obligaciones impositivas, costos laborales y exigencias regulatorias para poder funcionar.
Por eso, desde las entidades consideran que no debería existir una vara diferente según quién sea el titular del emprendimiento.
El debate por el financiamiento
La discusión también alcanzó al financiamiento de Santa Cruz Puede SAU.
Las entidades empresariales cuestionaron el argumento de que la empresa estatal no recibe partidas destinadas a gastos operativos y mencionaron documentación vinculada con observaciones del Tribunal de Cuentas.
Según la presentación difundida por las organizaciones, se habrían constatado gastos de capital por $427 millones, mientras que la transferencia efectiva habría alcanzado los $380 millones para un proyecto de producción de granos.
Para las cámaras, estos datos forman parte de una discusión que debería transparentarse: determinar con precisión qué recursos públicos llegan a la empresa, bajo qué modalidad y para qué objetivos, especialmente cuando ésta participa de actividades en las que también operan empresas privadas.
El reclamo empresarial apunta, en definitiva, a conocer con claridad cuál es el modelo de financiamiento y cuáles son las reglas que rigen a la compañía.
La promoción oficial, otro punto de conflicto
Las entidades también cuestionaron la participación de funcionarios provinciales y canales oficiales de comunicación en la difusión y promoción de los emprendimientos desarrollados por Santa Cruz Puede SAU.
Desde el sector privado consideran que esta situación puede generar una ventaja adicional para la empresa estatal, ya que los comercios y pymes particulares no cuentan con una estructura institucional equivalente para promocionar sus productos y servicios.
En una economía provincial atravesada por dificultades para sostener niveles de actividad y empleo, el reclamo adquiere una dimensión política y económica.
No se trata solamente de quién vende qué, sino de bajo qué condiciones se desarrolla esa competencia.
La Emergencia PyME como telón de fondo
El planteo aparece, además, en un contexto en el que la provincia mantiene vigente una Emergencia Comercial, Industrial y PyME.
Las entidades empresariales consideran que resulta contradictorio que, mientras se reconoce desde el Estado la necesidad de proteger al comercio y a las pequeñas y medianas empresas, una compañía estatal pueda avanzar sobre distintos mercados en condiciones que, según sostienen, no serían equivalentes a las de los actores privados.
La FESC, la CCIA y la asociación de empresarios hoteleros y gastronómicos remarcaron que la libre competencia necesita reglas comunes y que el Estado debería garantizar un escenario donde las empresas privadas puedan desarrollarse sin enfrentar ventajas estructurales de un competidor respaldado por recursos públicos.
El reclamo no apunta únicamente a Santa Cruz Puede SAU. También interpela al Gobierno provincial sobre qué modelo productivo pretende impulsar y cuál será el lugar que ocupará el sector privado en esa estrategia.
El Estado empresario frente a la pyme
La discusión plantea, en definitiva, dos visiones que deberán encontrar un punto de equilibrio.
Por un lado, el Gobierno puede sostener que una empresa estatal constituye una herramienta para producir, generar actividad, cubrir necesidades estratégicas y desarrollar proyectos que el mercado privado no necesariamente impulsa.
Por otro, los empresarios advierten que el Estado no debería transformarse en un competidor directo de quienes sostienen sus negocios con capital propio, especialmente cuando existen mecanismos de contratación pública, promoción institucional y financiamiento que pueden generar diferencias.
La discusión queda abierta y promete continuar.
Las organizaciones firmantes reclamaron que Santa Cruz Puede SAU, según su interpretación, cese en prácticas que consideran de competencia desleal y exigieron al Estado provincial garantizar condiciones equitativas para el comercio, las pymes y la generación de empleo privado.
La nota fue firmada por Guillermo Polke, presidente de la Federación Económica de Santa Cruz; Leandro Fadul, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Afines de Río Gallegos; y Ricardo López, presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros, Gastronómicos y Afines de Río Gallegos.
Más allá de la disputa puntual, el debate deja una pregunta instalada en la economía santacruceña: cuando el Estado sale al mercado, ¿debe hacerlo como empresario, como regulador o bajo las mismas reglas que las empresas privadas?
Una discusión que recién comienza y que, en una provincia donde las pymes reclaman oxígeno para sobrevivir, difícilmente pueda quedar solamente en una solicitada.
