Vocales por los trabajadores activos y pasivos repudiaron la situación y exigieron respuestas ante el anuncio de suspensión de prestaciones a afiliados de la Caja de Servicios Sociales a partir del 2 de septiembre.
Desde la Vocalía por los Activos y Pasivos de la Caja de Servicios Sociales (CSS) expresaron un fuerte repudio hacia el Gobierno de Santa Cruz ante la situación generada por el anuncio de suspensión de atención a afiliados por parte del Grupo Medisur.
A través de un comunicado, los representantes de los afiliados advirtieron sobre la preocupación existente ante la posibilidad de que miles de personas queden sin cobertura médica en uno de los principales centros asistenciales de la provincia.
Según señalaron, el Grupo Medisur anunció que desde el próximo 2 de septiembre suspenderá la atención a afiliados de la Caja de Servicios Sociales, argumentando una situación económica y operativa que consideraría insostenible.
La noticia generó preocupación entre los afiliados de la obra social provincial, especialmente entre aquellas personas que mantienen tratamientos, requieren controles médicos periódicos o necesitan acceder a prestaciones de manera habitual.
“Los afiliados necesitan respuestas”
Desde la Vocalía por los Activos y Pasivos cuestionaron duramente al Gobierno provincial y reclamaron soluciones inmediatas para evitar que los usuarios de la CSS queden sin atención.
“Mientras anuncian gestión y promesas, miles de afiliados de la Caja de Servicios Sociales quedan nuevamente al borde de quedarse sin atención médica”, expresaron en el documento difundido públicamente.
Los representantes plantearon además una serie de interrogantes sobre la responsabilidad del Estado frente a una eventual interrupción de las prestaciones.
“¿Hasta cuándo los afiliados van a pagar las consecuencias de la falta de gestión?”, cuestionaron.
También remarcaron la preocupación por las situaciones de urgencia y por aquellos pacientes que requieren atención médica permanente.
“¿Quién se hace responsable cuando una persona necesita un médico, un tratamiento o una urgencia?”, señalaron.
Preocupación por pacientes y tratamientos
La posible suspensión de prestaciones vuelve a poner en debate el funcionamiento de la obra social provincial y la relación entre la Caja de Servicios Sociales y los diferentes prestadores de salud.
Para miles de afiliados, la continuidad de la atención médica resulta fundamental, particularmente para quienes realizan tratamientos prolongados, controles especializados o deben acceder regularmente a estudios y consultas.
Desde las vocalías insistieron en que la salud no puede quedar sujeta a conflictos administrativos o financieros.
“La salud no puede ser una promesa de campaña ni una variable de ajuste”, manifestaron.
El pronunciamiento reclama que las autoridades provinciales intervengan para garantizar la continuidad de las prestaciones y evitar que los afiliados deban enfrentar nuevas dificultades para acceder a la atención médica.
“Basta de abandono y promesas”
El comunicado concluye con un duro cuestionamiento político a la gestión provincial y un pedido de respuestas urgentes.
“Basta de abandono. Basta de promesas. Los afiliados necesitan respuestas y soluciones ahora”, expresaron los representantes.
El documento lleva la firma de Natalia Huaiquil, vocal titular por los activos, junto a Luis Huanco, vocal suplente.
Por el sector de los pasivos firman José Díaz, vocal titular, y Gladys Aravena, vocal suplente.
La situación genera expectativa ante las gestiones que puedan desarrollarse en las próximas horas para conocer si existirá un acuerdo que permita garantizar la continuidad de la atención de los afiliados de la Caja de Servicios Sociales en los centros médicos involucrados.
Un nuevo conflicto en el sistema de salud
El anuncio vuelve a colocar en el centro de la discusión la situación de la obra social estatal y el acceso efectivo a la salud de sus afiliados.
Mientras desde las vocalías reclaman soluciones inmediatas y responsabilizan políticamente al Gobierno provincial por la situación, miles de afiliados esperan definiciones concretas que garanticen la continuidad de las prestaciones.
La preocupación crece especialmente ante la proximidad de la fecha anunciada para la suspensión y la incertidumbre de quienes dependen diariamente del sistema para recibir atención, tratamientos y controles médicos.
La respuesta que brinden las autoridades de la Caja de Servicios Sociales y el Gobierno de Santa Cruz será determinante para conocer si el conflicto logra resolverse antes del 2 de septiembre o si, por el contrario, los afiliados deberán enfrentar una nueva interrupción en el acceso a servicios de salud.
