El diputado por el pueblo de Río Gallegos reclamó que la Comisión de Asuntos Constitucionales retome el debate del proyecto de Ley de Desendeudamiento Familiar y Personal. Advirtió que una parte creciente de los salarios santacruceños ya llega comprometida por préstamos y tarjetas y sostuvo que las medidas de alivio implementadas hasta el momento resultan insuficientes frente a la dimensión del problema.
El diputado por el pueblo de Río Gallegos, Eloy Echazú, volvió a reclamar que avance en la Legislatura de Santa Cruz el proyecto de Ley de Desendeudamiento Familiar y Personal, luego de que el lunes se suspendiera la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales en la que estaba previsto comenzar a analizar la iniciativa.
Para el legislador, la discusión no puede seguir postergándose frente a una situación económica que, según planteó, afecta cada vez a más trabajadores y familias de la provincia.
“Hay trabajadores que cobran y ya tienen gran parte de su sueldo comprometido en deudas. Es una situación que se viene profundizando y hoy alcanza a muchas familias de nuestra provincia”, sostuvo Echazú.
El planteo coloca nuevamente en agenda un problema que excede las dificultades individuales para afrontar préstamos o consumos con tarjeta: el nivel de endeudamiento comienza a condicionar la capacidad de los hogares para afrontar gastos básicos y llegar a fin de mes.
Santa Cruz, entre las provincias con mayor morosidad
Como argumento para insistir con el tratamiento del proyecto, Echazú hizo referencia a datos consignados en un informe del Banco Central, según los cuales la morosidad en Santa Cruz se ubica entre el 20% y el 25%, colocando a la provincia entre las jurisdicciones con mayores niveles de mora del país.
A ese escenario sumó otro indicador referido al deterioro del entramado productivo. De acuerdo con un informe de la Federación Económica de Santa Cruz, elaborado sobre la base de datos oficiales, entre diciembre de 2023 —cuando Claudio Vidal asumió como gobernador— y diciembre de 2025 la provincia perdió 227 empresas empleadoras, lo que representa un promedio de aproximadamente una empresa cada tres días.
Para el diputado, ambos indicadores forman parte de un mismo cuadro económico: menos empresas, menor generación de empleo y trabajadores que recurren al endeudamiento para sostener el consumo y cubrir necesidades cotidianas.
El límite del salario comprometido
Echazú también puso el foco sobre las medidas impulsadas por el Gobierno provincial para atender el problema financiero de los trabajadores estatales.
En particular, mencionó el Plan de Alivio Financiero implementado a través del Banco Santa Cruz, al que hasta fines de junio habían accedido alrededor de 3.500 trabajadores que tenían más del 75% de sus salarios comprometidos en préstamos.
Posteriormente, el programa fue prorrogado y amplió su alcance a trabajadores con más del 60% de sus ingresos comprometidos.
“Que haya trabajadores con el 60 o el 75% de su sueldo comprometido habla de una situación muy difícil. El Gobierno conoce esta realidad y por eso creemos que hace falta una herramienta que dé una respuesta más amplia”, sostuvo el legislador.
La discusión, en ese sentido, pasa por determinar hasta dónde puede llegar el nivel de descuentos sobre un salario sin afectar la capacidad de una familia para afrontar sus gastos esenciales.
Qué propone el proyecto
El proyecto de Desendeudamiento Familiar y Personal presentado por Echazú propone establecer un mecanismo para facilitar la refinanciación de deudas de tarjetas de crédito y préstamos personales para personas que se encuentren en situación de mora y vulnerabilidad financiera.
Entre los principales puntos de la iniciativa se plantea una tasa nominal anual máxima del 35% y un plazo mínimo de 24 cuotas.
El régimen alcanzaría a aquellos casos en los que las cuotas adeudadas representen más del 30% de los ingresos mensuales del grupo familiar.
Además, la propuesta contempla una regulación específica para los trabajadores de la Administración Pública Provincial. En esos casos, los descuentos correspondientes a las deudas incorporadas al régimen no podrían superar el 30% del sueldo bruto.
Cuando actualmente los descuentos superen ese porcentaje, deberían ser recalculados y ajustados al límite establecido.
El mecanismo no supone la eliminación de las obligaciones contraídas, sino una modificación de las condiciones de pago para evitar que el endeudamiento termine absorbiendo una parte desproporcionada de los ingresos familiares.
“No podemos naturalizar vivir endeudados”
Para Echazú, uno de los principales objetivos de la iniciativa es que las familias puedan reorganizar sus obligaciones financieras sin quedar atrapadas en un círculo de deuda.
La situación se vuelve particularmente compleja cuando una parte significativa del salario se destina al pago de préstamos y tarjetas y el ingreso restante resulta insuficiente para cubrir alimentos, servicios, transporte, alquiler y otros gastos esenciales.
En ese contexto, el crédito deja de funcionar como una herramienta financiera puntual y pasa a convertirse, en muchos hogares, en un mecanismo permanente para cubrir el costo de vida.
“Lo que buscamos es que las familias puedan ordenar sus deudas sin tener que recurrir nuevamente al crédito para cubrir gastos cotidianos”, explicó el diputado.
Y planteó una definición política sobre el problema: “No podemos naturalizar que vivir endeudados sea la única manera de llegar a fin de mes”.
El pedido de abrir el debate
Frente a la suspensión de la reunión de comisión, el diputado insistió en que el proyecto debe ser discutido por los distintos bloques y sectores involucrados.
“Podemos discutirlo, modificarlo y hacer los aportes que sean necesarios. Lo que no podemos hacer es seguir postergando una respuesta”, afirmó.
La propuesta, de avanzar en la Legislatura, abrirá además una discusión sobre el papel del Estado provincial frente al endeudamiento de los trabajadores, los límites de los descuentos salariales y las condiciones que deberían establecerse para que una refinanciación permita recuperar capacidad de consumo sin trasladar indefinidamente el problema hacia el futuro.
Por ahora, el proyecto espera volver a la mesa de comisión. Echazú busca que el debate se retome y que la Legislatura discuta una herramienta destinada a una problemática que, según los indicadores citados por el legislador, ya dejó de ser una cuestión individual para convertirse en un fenómeno con impacto económico y social.
“Estamos hablando del desendeudamiento de familias que hoy necesitan una salida. Las familias santacruceñas no pueden esperar”, concluyó.
