La exdiputada y el abogado Javier Stoessel solicitaron a la Justicia de Río Gallegos que investigue el contrato entre la empresa estatal provincial y South Horizen S.A.S. La presentación busca determinar si hubo un perjuicio para el Estado; las acusaciones deberán ser verificadas en el marco de la investigación.
La exdiputada nacional Roxana Reyes y el abogado Javier Stoessel presentaron una denuncia penal ante el Juzgado de Instrucción en turno de Río Gallegos por presuntas irregularidades en la contratación entre Santa Cruz Puede S.A.U. y la firma South Horizen S.A.S. Según la presentación, se pide analizar si los hechos podrían encuadrarse en el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, previsto en los artículos 174, inciso 5, y 173, inciso 7, del Código Penal. La denuncia menciona al presidente del directorio de la empresa estatal, Gustavo Adrián Sívori, y al administrador titular de South Horizen, Eugenio Fernando Grela, y solicita que la investigación pueda alcanzar a otras personas si surgieran elementos que lo justifiquen. La presentación judicial no implica por sí misma que se haya comprobado un delito ni determina responsabilidades: esos aspectos deberán ser establecidos por la Justicia.
Qué solicita la denuncia
La presentación busca que se revisen las condiciones del contrato y las actuaciones vinculadas con la relación comercial entre la empresa estatal y South Horizen S.A.S. Reyes y Stoessel solicitan que se investigue si hubo un perjuicio para las arcas provinciales y si las conductas denunciadas configuran un delito de acción pública.
En el escrito se individualiza a Sívori en su carácter de presidente del directorio de Santa Cruz Puede S.A.U. y a Grela como administrador titular de South Horizen S.A.S. También se plantea que, si durante la investigación aparecen elementos relevantes, el análisis podría extenderse a integrantes de órganos de administración o fiscalización de la firma estatal y a terceros.
South Horizen y los antecedentes mencionados
De acuerdo con la información incorporada en la denuncia y los datos consignados por los denunciantes, South Horizen S.A.S. fue constituida como sociedad unipersonal el 16 de marzo de 2026. Su objeto social incluye actividades vinculadas con la compraventa de alimentos, bebidas y artículos de limpieza, además de servicios de logística, almacenamiento y transporte de cargas. Eugenio Fernando Grela, de 60 años, es señalado como administrador titular de la firma.
La presentación se inscribe en una serie de cuestionamientos que Reyes viene formulando desde agosto sobre el funcionamiento de Santa Cruz Puede. En declaraciones públicas, la exdiputada mencionó presuntos pagos de pasajes a Grela y erogaciones por alrededor de 400 millones de pesos efectuadas en diciembre, que —según sostuvo— no contarían con documentación respaldatoria suficiente. Esos señalamientos forman parte de sus denuncias públicas y no constituyen, por sí solos, conclusiones judiciales.
En septiembre, Reyes también hizo referencia a un episodio relacionado con el Bodegón “Alma”, un local gastronómico ubicado en un predio de la empresa estatal. Según su versión, Grela habría dado distintas explicaciones sobre su vínculo con el establecimiento. La situación fue incorporada al debate público sobre el funcionamiento y las actividades de la firma.
Críticas al rol de la empresa estatal
Entre los cuestionamientos planteados por Reyes figura la participación de Santa Cruz Puede en más de 60 actividades económicas. La exdiputada sostuvo que la empresa compite con comercios privados mientras recibe recursos del Estado y consideró que ese esquema podría desalentar inversiones. También afirmó que el Tribunal de Cuentas habría observado gastos por unos 400 millones de pesos, la falta de órdenes de compra y constancias de recepción, así como la ausencia de un registro de proveedores.
Las críticas se sumaron a planteos de entidades empresarias. En agosto, la Federación Económica de Santa Cruz, la Cámara de Comercio de Río Gallegos y la Asociación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos difundieron un comunicado conjunto en el que cuestionaron el alcance de las actividades de la empresa estatal y su inscripción como proveedora del Estado en distintos rubros comerciales.
La respuesta de Santa Cruz Puede
El presidente de Santa Cruz Puede, Gustavo Sívori, rechazó las acusaciones de competencia desleal y defendió el funcionamiento de la compañía. Según sus declaraciones, la empresa no recibe partidas presupuestarias de la Administración Central y opera con autarquía financiera. Sívori sostuvo que el debate debería centrarse en el beneficio para las personas consumidoras y anunció en octubre la apertura de un registro oficial de proveedores destinado a pymes y comercios locales.
La denuncia quedó ahora sujeta al trámite que disponga la Justicia. Será el proceso judicial el que determine si corresponde avanzar con medidas de investigación y si existen elementos para atribuir responsabilidades.
