El Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, Órganos y Organismos Públicos de Control Externo de la República Argentina emitió un comunicado en el que rechaza la denuncia presentada por el vicegobernador de Santa Cruz, Fabián Leguizamón, contra las autoridades del Tribunal de Cuentas provincial.

El pronunciamiento nacional surge como respuesta a la demanda realizada desde el oficialismo santacruceño, que acusó al presidente del Tribunal de Cuentas, Carlos Javier Ramos, y a las vocales Matilde Menéndez y Romina Gaitan de incumplimiento de deberes de funcionario público, con la intención de impulsar un juicio político contra ellos.
La entidad nacional enfatizó que, de acuerdo con la legislación provincial, solo el gobernador, el vicegobernador, los ministros y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia pueden ser objeto de juicio político, lo que invalida la denuncia presentada contra los titulares del Tribunal de Cuentas.


El comunicado destacó que tales acciones atentan contra la ley y la Constitución provincial, socavando las garantías individuales y debilitando las instituciones encargadas de fiscalizar los fondos públicos. Asimismo, señaló que este caso representa una seria amenaza para la institucionalidad del estado, al percibirse como un intento de presión y coerción sobre el órgano de control externo.
El Secretariado condenó el hostigamiento público y la persecución contra aquellos responsables de examinar y juzgar las cuentas públicas, subrayando la importancia de respetar la independencia de los poderes en un sistema republicano.
Por último, la entidad resolvió rechazar cualquier intento de interferencia en las facultades constitucionales y legales del Tribunal de Cuentas de Santa Cruz, comprometiéndose a realizar un seguimiento constante de la situación institucional para garantizar el adecuado control de los fondos públicos frente a cualquier situación política.