Las 38 viviendas están judicializadas y no pueden ser finalizadas, afirmó Aldo Aravena.

El intendente de 28 de Noviembre explicó que la obra enfrenta un juicio por $76 millones debido a irregularidades en la gestión anterior. Pagos millonarios sin avances y certificaciones irregulares complican la situación del municipio.

El intendente de 28 de Noviembre, Aldo Aravena, emitió un comunicado este miércoles en el que expuso la difícil situación que atraviesa la obra de 38 viviendas de un Plan Nacional, iniciada en la gestión anterior. Según explicó, durante dicho período se llevaron a cabo cuatro concursos de precios por sumas superiores a los $15 millones cada uno, en los que se abonó un anticipo del 30% al contratista oferente, sin que se haya iniciado la construcción. Entre los primeros días de noviembre y el 14 de noviembre de 2023, el municipio efectuó pagos de más de $5 millones en cada concurso, sin evidencias de avances en la obra.

Aravena detalló que, al asumir su mandato, su equipo de gestión descubrió que desde la Secretaría de Obras de la administración anterior se habían emitido certificados provisorios de recepción de obras, como si estuvieran concluidas, lo que generó un compromiso patrimonial para el municipio. En diciembre de 2023, junto con el Secretario de Obras y la Escribana Pública Lourdes Elguero, se realizó un relevamiento del estado real de la obra. Con la asistencia de un ingeniero civil, se constató que el avance real era tan solo del 22%, lo que evidenció una grave irregularidad en la certificación de los trabajos.

Además, el intendente informó que, debido a estas anomalías, el contratista presentó una demanda civil contra el municipio, reclamando el pago total de los contratos por una cifra de $76 millones. Como consecuencia de esta judicialización, la obra se encuentra completamente detenida y la actual gestión no puede continuar con la construcción ni disponer de las viviendas, lo que afecta directamente a las familias que esperaban su entrega.

Finalmente, Aravena lamentó la situación, destacando que el municipio debe afrontar un juicio por dinero que nunca debió haberse comprometido y que, hasta que no se resuelva el litigio, la culminación del proyecto queda en una incertidumbre total.

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