Por primera vez, una pelea entre el vicegobernador Fabián Leguizamón y el bloque oficialista de Por Santa Cruz impidió que se celebrara la quinta sesión ordinaria. Acusaciones cruzadas por viáticos, cargos políticos, “vaciamiento” institucional y el trasfondo del caso Españón agitan la política provincial.
La Cámara de Diputados de Santa Cruz fue escenario este jueves de una situación inédita que dejó al Poder Legislativo paralizado: una feroz interna entre el vicegobernador Fabián Leguizamón y el bloque oficialista Por Santa Cruz –que responde al gobernador Claudio Vidal– impidió que se realizara la quinta sesión ordinaria al no lograrse el quórum reglamentario.
El conflicto estalló cuando el vicegobernador utilizó los canales oficiales de la Legislatura para acusar a los legisladores del bloque mayoritario de haber faltado a la sesión “en reclamo de más cargos políticos, viáticos por traslados, combustibles y alquileres”, a pesar de –según él– percibir dietas mensuales de entre 4,5 y 5 millones de pesos.
Sin embargo, desde Por Santa Cruz desmintieron esa versión y denunciaron el “vaciamiento de personal” en su bloque, irregularidades en las contrataciones realizadas por Presidencia y conflictos laborales que afectarían el funcionamiento normal del cuerpo. El jefe de bloque, Pedro Luxen, junto a otros 12 legisladores, firmaron un comunicado en el que justificaron el retiro del recinto por “la necesidad de evacuar dudas” y exigieron informes concretos sobre la gestión de Leguizamón al frente de la Cámara.
La situación generó un fuerte repudio también por parte de la oposición. Desde Unión por la Patria señalaron que esta es la segunda vez consecutiva que no puede sesionarse, y vincularon el conflicto con la negativa del oficialismo a tratar el pedido de desafuero del diputado Fernando Españón, quien enfrenta múltiples denuncias. “Es increíble que, para encubrir a una persona con varias causas, no les importe paralizar el trabajo legislativo”, expresaron.
Mientras tanto, el escándalo interno profundiza la ruptura entre Leguizamón y los diputados que, hasta ahora, formaban parte del mismo espacio de gobierno, abriendo un nuevo frente de conflicto institucional en la provincia. La tensión no solo expone el quiebre del acuerdo político que sostenía la Legislatura, sino que también pone en jaque la gobernabilidad del oficialismo en medio de una gestión marcada por denuncias cruzadas, crisis internas y falta de consenso.
