La diputada por el pueblo de 28 de Noviembre, Lorena Ponce, brindó un análisis crítico del funcionamiento actual de la Legislatura de Santa Cruz, denunciando falta de debate, exceso de gastos, vetos a leyes y una preocupante desconexión con las verdaderas necesidades sociales.
En un extenso repaso de la situación legislativa actual, la diputada por el pueblo de 28 de Noviembre, Lorena Ponce, describió un panorama complejo dentro de la Cámara de Diputados de Santa Cruz. Cuestionó la dinámica impuesta por el oficialismo, al que calificó como “rancio” en el tratamiento de proyectos, especialmente aquellos impulsados por diputados por pueblo o bloques minoritarios.
Según Ponce, muchas de las iniciativas aprobadas responden únicamente al funcionamiento interno del Estado, implican “erogaciones millonarias” y carecen de un análisis técnico profundo. Advirtió que alrededor del 70% de los proyectos de ley son vetados por el Ejecutivo, lo que evidencia, dijo, una “alarmante improvisación legislativa”.
La diputada denunció que las comisiones están siendo tratadas sin debate real: “Se toma asistencia, se vota, y se pasa al siguiente tema. En cinco o siete minutos se cierra una comisión”. Frente a este contexto, remarcó la importancia de proponer leyes que no solo sirvan al aparato estatal, sino que trasciendan gobiernos y aborden problemas estructurales como salud, educación, y acceso al trabajo.
Uno de los ejes más sensibles de su exposición fue el financiamiento de los municipios. Denunció que la coparticipación es “insuficiente” debido a la baja en las regalías por hidrocarburos y minería, mientras que la provincia tiene la intensión de realizar la deducción directa de la CSS directamente de los fondos coparticipables, acrecentando más la disminución de los fondos a los municipios que “sólo logran cubrir sueldos, y hasta ahí nomás”.
En este marco, también expuso que, pese a la intención de debatir una nueva ley de coparticipación provincial —necesaria y largamente postergada—, las reuniones con intendentes son suspendidas sin explicación. “Alguien tiene que empezar a unir, a convocar a un diálogo real”, señaló.
Otro aspecto importante fue la discusión sobre las becas estudiantiles. La legisladora insistió en que, en un contexto en que muchas familias no pueden enviar a sus hijos a estudiar fuera de sus localidades, el sistema actual es insuficiente y desigual. Propuso una ley de becas más equitativa, financiada a través del Fondo UNIRSE y con control de reinversión. “Con lo que se gasta en publicidad legislativa o con los descuentos por faltas de los diputados, podríamos cubrir la totalidad del programa”, denunció.
También se refirió a la crisis del sistema sanitario, reclamando la necesidad de declarar una emergencia de salud provincial, con artículos concretos que permitan disponer de fondos y agilizar contrataciones. Relató el caso frustrado de profesionales que habían sido convocados para trabajar en el hospital de 28 de Noviembre, pero desistieron por los bajos salarios ofrecidos.
Finalmente, la legisladora fue contundente: “Los vecinos están cansados de internas políticas. Quieren soluciones. Tenemos que legislar para que las cosas cambien, no para engordar estructuras. Si hay recursos para asesores, coordinaciones y organismos nuevos, entonces tiene que haber recursos también para los hospitales, las escuelas y las becas”.
