El texto, que aún no es oficial, plantea cambios profundos en salarios, jubilaciones y aportes del sector público provincial
Un borrador de proyecto de ley que llegó a nuestra redacción anticipa una reforma integral del régimen económico y previsional de la provincia de Santa Cruz. El documento declara la emergencia económica y previsional por 12 meses y propone modificaciones sustanciales a las leyes N° 1782 y 1864, lo que podría impactar directamente en trabajadores activos y futuras jubilaciones de la administración pública.
Un fuerte debate comenzó a instalarse en el ámbito estatal luego de que se filtrara un borrador de proyecto de ley que, si bien todavía no fue presentado oficialmente en la Legislatura, propone una profunda reestructuración del sistema previsional y del régimen laboral público en Santa Cruz.
El texto, invocando el artículo 119 inciso 3° de la Constitución Provincial, parte de un diagnóstico crítico: sostiene que las cuentas públicas atraviesan una “situación de absoluta crisis” producto de un gasto corriente “objetivamente insostenible”, concentrado principalmente en el pago de salarios y jubilaciones.
Emergencia económica y administrativa
El Capítulo I declara la emergencia económica, financiera y administrativa por 12 meses —prorrogables— y otorga al Poder Ejecutivo amplias facultades para reordenar el gasto público, revisar estructuras orgánicas, suspender o diferir incrementos salariales, renegociar contratos y limitar el pago de horas extraordinarias.
Uno de los puntos que genera mayor repercusión es el artículo que establece que “no procederá en ningún caso el pago de haberes sin la efectiva prestación de servicios”, salvo licencias justificadas por ley.
Emergencia previsional y reforma estructural
El Capítulo II declara la emergencia del sistema previsional provincial, señalando un déficit estructural agravado por deudas municipales con la Caja de Previsión Social.
En ese marco, el proyecto crea un Régimen de Sostenibilidad y Saneamiento de deuda municipal, que contempla:
- Condonación total de intereses adeudados.
- Plan de pago del capital en 96 cuotas con período de gracia.
- Subsidios decrecientes del Tesoro Provincial para el pago de aportes futuros.
- Autorización para retenciones automáticas de coparticipación en caso de incumplimiento.
Pasividad anticipada voluntaria
Otro de los ejes centrales es la creación de un Régimen de Pasividad Anticipada Voluntaria para agentes que estén a cinco años de jubilarse. El trabajador podría quedar eximido de prestar servicios, pero percibiendo entre el 55% y el 75% de su haber, según el tiempo restante para acceder a la jubilación ordinaria.
Reformas a las leyes 1782 y 1864
El borrador propone modificaciones de fondo a la Ley 1782 y a la Ley 1864.
Entre los cambios más relevantes figuran:
- Incremento de aportes personales y patronales hasta el 20%.
- Establecimiento de la edad jubilatoria en 60 años para varones y 55 para mujeres, con aplicación progresiva.
- Cálculo del haber inicial en el 82% del promedio actualizado de las últimas 120 remuneraciones.
- Nueva escala porcentual según años efectivamente aportados a la Caja provincial.
- Restricciones para computar adicionales por zona si no se acredita residencia efectiva en la provincia.
- Incompatibilidad del retiro policial con empleo en el Estado provincial o municipal.
El proyecto sostiene que las reformas no eliminan derechos, sino que “corrigen distorsiones” y alinean progresivamente el sistema provincial con parámetros nacionales, en pos de la sostenibilidad fiscal.
¿Globo de ensayo?
La filtración del documento abrió interrogantes en el ámbito sindical y político. ¿Se trata de un texto en estudio que fue difundido para medir la reacción del empleado estatal? ¿O es el anticipo de una iniciativa que ingresará en breve a la Honorable Cámara de Diputados?
Por el momento, no existe confirmación oficial sobre su presentación formal. Sin embargo, el contenido ya genera repercusiones entre trabajadores activos y jubilados, que analizan el posible impacto en sus derechos laborales y previsionales.
De avanzar en los términos planteados, el proyecto implicaría uno de los cambios más profundos en el régimen previsional santacruceño de las últimas décadas.
Borrador del proyecto:
